La Fiscalía de Derechos Humanos ha imputado, después de cuatro años de silencio, a los capitanes Luis Alberto Torres Núñez y Walter Fernando Díaz Aguilera por el delito de tortura contra unos 35 pobladores del barrio San Miguel de Ciudad del Este. Los hechos ocurrieron en julio de 2020, cuando los efectivos militares de la Armada Paraguaya, sin ser policías ni contar con la dirección del Ministerio Público, sacaron supuestamente de forma irregular a estas personas de sus domicilios y les infligieron lesiones de todo tipo.
Según el documento de imputación, los pobladores fueron sacados violentamente de sus casas, arrastrados, puestos boca abajo o de rodillas, mientras eran golpeados en distintas partes del cuerpo con puños, patadas, fusiles y diferentes objetos, todo esto delante de sus esposas e hijos menores de edad. El capitán Luis Torres, como comandante de la Unidad de Guardia Costera, no impidió que se cometieran estos actos de agresión por parte del contingente a su cargo.
Los 35 aprehendidos, entre ellos 6 menores de edad, fueron derivados en camionetas de la Armada hasta la Base Naval del Este, a cargo del capitán Walter Díaz Aguilera, quien cumplía el cargo de Comandante de la Base Naval del Este en ese momento. Sorprendentemente, once días después de haber sido imputado por tortura, Díaz Aguilera fue ascendido a contraalmirante y nombrado comandante del Comando de Infantería de Marina de la Armada Paraguaya.
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El abogado Jorge Rolón Luna, defensor de algunas de las víctimas, destacó la labor de la fiscal Sonia Sanguinés, quien fue asignada a la causa en septiembre de 2023 y logró imputar a los supuestos responsables. Sin embargo, lamentó la inacción de los fiscales anteriores que no movieron la causa durante casi cuatro años, a pesar de contar con diagnósticos médicos, fotografías, filmaciones, testimonios y registros del personal militar involucrado.
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Durante los cuatro años en que la causa estuvo estancada, pasó por las manos de varios fiscales, incluyendo a Hermenegilda Cubilla (3 días), Alberto González (1 año y 7 meses) y Sussy Riquelme (1 año y 7 meses). Además, hubo fiscales adjuntos de Derechos Humanos y del Alto Paraná que estuvieron en funciones durante ese período.
Fuente: ABC Color
