Operativo realizado en el marco de la investigación. Foto: ABC.
Al finalizar el juicio oral el jueves, un Tribunal compuesto por Victoria Ortiz, Lourdes Garcete y Matías Garcete decidió absolver a tres de los acusados en la causa iniciada por lesión de confianza en la adquisición de equipos de espionaje destinados a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) durante los años 2012 y 2015. Esta resolución generó sorpresa en el Ministerio Público, que había llevado adelante la investigación.
Entre los absueltos se encuentran la contadora argentina Silvia Jara Acha y los exfuncionarios de la Senad, Alberto Ferreira Martí y Hugo Danilo González. El fiscal Luis Piñanez, responsable de la investigación, expresó que aún no se pueden conocer de manera categórica los fundamentos de la decisión, ya que el Tribunal solo adelantó su veredicto sin proporcionar los argumentos que lo respaldan.
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Cabe destacar que en el año 2022, los exministros de la Senad Francisco De Vargas y Luis Rojas ya habían sido condenados por lesión de confianza en el marco de esta misma causa. Sin embargo, Piñanez indicó que ambos interpusieron recursos de apelación contra dichas condenas, los cuales se encuentran pendientes de resolución.
Durante la investigación, el fiscal detalló que el principal argumento esgrimido por la defensa es la existencia de los equipos en cuestión. No obstante, se detectaron numerosas irregularidades en el proceso de adquisición. Por ejemplo, no se pudo determinar el origen de los equipos, quién los adquirió ni cómo llegaron al país, dado que la empresa TELEVOX no realizó la supuesta importación desde Inglaterra.
Además, se constató que la empresa intermediaria presentaba un «saldo cero» en el año en que presuntamente se efectuó la compra. Asimismo, la firma no cumplió con el pago de la póliza de seguro estipulada en el contrato firmado. «Hablan de equipos que ni siquiera sabemos de dónde vinieron», enfatizó Piñanez, resaltando las inconsistencias en el proceso.
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Los equipos en cuestión fueron adquiridos por la Senad por un monto de G. 9.406 millones. Los funcionarios acusados por la Fiscalía fueron los responsables de dictaminar y recomendar la compra en medio de presuntas irregularidades en el proceso de contrataciones. Ahora, el Ministerio Público aguarda los fundamentos del Tribunal para determinar los próximos pasos a seguir en este caso.
Fuente: ABC.
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