Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde están presos Flaviano Giménez, su hijo Flavio Junior Giménez y el procesado Julio César Daurte Servián. ABC Color
El Ministerio de Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el irregular traslado de los condenados por narcotráfico Flaviano Giménez y su hijo Flavio Junior Giménez Spaini desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta la Penitenciaría Regional de Villarrica. Según las primeras indagaciones, este movimiento habría sido autorizado mediante el pago de millonarias sumas de dinero a autoridades carcelarias.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que el traslado de los reos, condenados años atrás por el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en 2022, se concretó entre el viernes y el sábado pasados. Nicora señaló que tomaron conocimiento del hecho el domingo y, de inmediato, ordenaron retrotraer la medida, trasladando nuevamente a los internos a Tacumbú el pasado martes 11 de junio.
Según el titular de la cartera de Justicia, la nota que autorizó inicialmente el traslado fue redactada por otro interno de Tacumbú, identificado como Julio César Duarte Servián, procesado por lavado de activos y secuestro. Dicha nota fue posteriormente firmada por el director del penal, Luis Esquivel, quien habría justificado el movimiento como un “acercamiento familiar”.
Sin embargo, Nicora advirtió que este argumento no es válido cuando se trata de personas con altos perfiles de peligrosidad, como es el caso de Giménez y su hijo. “No es suficiente cuando hablamos de este tipo de perfiles, por eso se les trajo de nuevo a Tacumbú hasta que nos llenemos de los documentos”, afirmó.
Además de la investigación interna, el Ministerio de Justicia solicitó los antecedentes de los involucrados y la nómina de personas que acompañaron a los internos durante el traslado, con el fin de derivar esa información a la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción para deslindar responsabilidades.
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Según trascendidos, el director de Tacumbú, Luis Esquivel, y el jefe de seguridad del penal habrían recibido un pago de 50 millones de guaraníes para autorizar el traslado. Adicionalmente, un comisario de la zona habría cobrado 500.000 guaraníes para no asignar escoltas al vehículo que trasladó a los reos.
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El ministro Nicora confirmó que se encuentran investigando estos presuntos pagos, aunque advirtió que no puede hacer públicos ciertos detalles para no obstaculizar las indagatorias. Las autoridades buscan determinar las responsabilidades en este irregular movimiento de internos con altos perfiles de peligrosidad y condenados por delitos graves.
Fuente: ABC Color
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