Foto: ilustrativa.
La ley que incorpora ampliaciones al sistema de tobilleras electrónicas fue promulgada por el presidente Santiago Peña el pasado martes. Con esta modificación, se establece un nuevo plazo de 60 días para que los dispositivos comiencen a ser utilizados, según lo informado por el comandante de la Policía, Carlos Benítez.
En cuanto al funcionamiento de las tobilleras, se explicó que ciertos aspectos dependerán del dispositivo que sea seleccionado mediante la licitación que se iniciará próximamente. No obstante, se detalló que el juez será el encargado de delimitar el área geográfica en la que el procesado debe permanecer. En caso de que se transgredan los límites establecidos, se activarán automáticamente las alertas en el Centro de Monitoreo. Además, se mencionó que algunas tobilleras cuentan con alarmas sonoras que advierten sobre la violación del perímetro permitido.
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Se destacó que en ciertos países ya se emplean dispositivos conectados a un aparato que portan las víctimas de violencia, lo que permite emitir señales de alarma si el procesado con orden de restricción se aproxima. Una vez que se active la alerta, se notificará de inmediato a la comisaría más cercana para que los agentes policiales acudan al llamado de manera más eficiente, gracias al sistema de GPS.
En relación al control de las tobilleras, se informó que se deberá conformar un Centro de Monitoreo integrado por representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Fiscalía, Defensa Pública y la Policía Nacional, como brazo ejecutor. Se dispone de un plazo de 60 días para instalar este centro de control, definir su ubicación física y establecer el sistema de trabajo.
Respecto al financiamiento de las tobilleras, se confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas será responsable de cubrir la compra de los dispositivos. Sin embargo, los gastos relacionados con el monitoreo y el mantenimiento de los aparatos deberán ser asumidos por el acusado, con un costo estimado de alrededor de G. 2.000.000 mensuales. No obstante, se aclaró que aquellos que se declaren insolventes podrán evitar este pago.
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Para las personas que no puedan afrontar el costo de las tobilleras, se contempla en la ley la posibilidad de solicitar la exoneración mediante una declaración jurada de insolvencia, respaldada por dos testigos hábiles. Una vez que el trámite sea aprobado por la autoridad competente, los beneficiarios del sistema podrán acceder a la exoneración correspondiente.
Fuente: ABC.
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