Despligue fiscal- policial para el desalojo de la propiedad.
A través de una denuncia ciudadana recibida en la redacción de RDN, hemos sido informados sobre un caso alarmante de desalojo irregular ocurrido el pasado 28 de junio en el barrio Reducto de San Lorenzo. En respuesta, nos pusimos en contacto con las familias afectadas para conocer de primera mano los detalles de este evento y las irregularidades que lo rodean.
Tres familias residentes en el barrio Reducto de San Lorenzo fueron víctimas de un desalojo que, según testimonios y documentos, no tiene justificación legal. A pesar de que la orden de desalojo era para la finca n.º 18.082, propiedad de Lida Rosa de Kagerl y su heredero Juan José Kagerl Himmelreich, un oficial inactivo, las personas desalojadas no corresponden a los nombres mencionados en la orden judicial. Esta situación ha generado una fuerte controversia y denuncias de irregularidades y abuso de autoridad.
El desalojo fue realizado en presencia de la policía, personal del Ministerio del Interior y un oficial de justicia. Sin embargo, los afectados por esta acción fueron Zoraida Arevalos Coronel, Francisco Javier Insfran y su hijo menor RDIA, Adelaida Concepción Arevalos Coronel y su hija menor MCAC, y Sully Gloria González. Estas personas no estaban mencionadas en la orden de desalojo, que se emitió en febrero de 2022 contra Roberto Godoy, Cristina Arevalos Agüero y Liz Godoy Agüero. La orden había expirado hace más de un año y medio, ya que, según la ley, solo puede ser ejecutada dentro de los seis meses posteriores a su emisión.
Javier Insfran, uno de los afectados, relató que el día del desalojo llegaron dos personas junto con un contingente policial y de seguridad. A pesar de tener la documentación que respalda la compra de su lote hace más de diez años, fue desalojado de manera violenta. “El comisario Ángel Benítez me advirtió que si regresaba a mi propiedad, me arrestarían”, explicó Insfran. Además, mencionó que los supuestos dueños amenazaron con derribar la casa usando tractores y trajeron guardias de seguridad privados armados.
Adelaida Arévalos, otra de las afectadas, señaló que compraron su propiedad de Antonio León, quien ya falleció, y que toda la documentación está en regla. “Vivimos aquí casi diez años sin problemas. Gracias a tener todos los documentos en regla, recibimos subsidios del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para mejorar nuestras viviendas”, indicó. Arévalos añadió que la finca reclamada no tiene plano georeferencial y que los números de las fincas no coinciden en absoluto con la de su propiedad.
Arévalos también denunció intimidaciones durante el desalojo: “Lo peor de todo es que todos los que estaban ahí nos decían que negociemos con esa gente. O si no, nos iba a ir mal. Que nos íbamos a quedar en la calle. ‘Si quieres quedarte en tu casa, tráeme 132 millones’, le dijo uno de ellos a la vecina”.
Las familias desalojadas han presentado denuncias en la comisaría de Reducto y en la fiscalía. Sin embargo, según Insfran y Arévalos, estas denuncias no han avanzado. “Nos dijeron que no hay nada que hacer porque la orden no es contra nosotros”, comentó Insfran. Arévalos añadió que les fue imposible obtener el acta del desalojo, y que sus denuncias fueron registradas tardíamente, después de que los supuestos dueños ya los habían denunciado.
El desalojo fue acompañado por un despliegue de casi 50 policías, incluidos antimotines, lo cual fue desproporcionado para desalojar a un grupo de familias pacíficas. “Ni la casa del peor narcotraficante del mundo vio tal despliegue”, comentó Arévalos. Además, ella relató cómo su sobrino menor sufrió al ver a los policías sacando sus pertenencias. “Mamá, ¿por qué los policías son tan malos con nosotros si nosotros nunca hicimos nada malo?”, preguntó mientras veía cómo se llevaban sus juguetes y muebles.
El abogado de los desalojados destacó que la orden de desalojo es taxativa, es decir, debe especificar exactamente a las personas que se deben desalojar. En este caso, las personas mencionadas en la orden no estaban presentes en las propiedades afectadas. Además, los supuestos propietarios no presentaron un plano georeferencial de la finca que reclamaban, lo que complica aún más la situación.
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Ante esta situación, las familias afectadas han presentado un amparo judicial y han puesto en manos de abogados la defensa de sus derechos de propiedad. Exigen una investigación exhaustiva de las presuntas irregularidades cometidas durante el desalojo y el esclarecimiento de los hechos para que se haga justicia.
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