Eustacio Lezcano Almirón fue filmado supuestamente por la víctima. Foto: Hoy.
En Acahay, el fiscal Alcides Espínola, de la Unidad 1 de Carapeguá, imputó y solicitó la prisión preventiva del intendente del distrito, Eustacio Lezcano Almirón, por los presuntos hechos de coacción sexual, violación y abuso sexual. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado por una exfuncionaria municipal.
Tras escuchar las declaraciones de la denunciante y del propio ejecutivo municipal, el fiscal Espínola decidió imputar al intendente Lezcano Almirón y solicitar su detención preventiva mientras se lleva a cabo la investigación. El juez penal de garantías de Carapeguá, Hilario Bustos, confirmó haber recibido el acta de imputación y el pedido de prisión preventiva, anunciando que analizará el expediente para luego fijar la fecha de imposición de medidas.
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La presunta víctima, en su denuncia, manifestó haber ingresado como funcionaria de la Municipalidad de Acahay el 11 de noviembre de 2021. El supuesto hecho habría ocurrido el 23 de diciembre de 2024 en la oficina del intendente, cuando ella acudió a solicitarle el pago de su salario atrasado. En ese momento, según su relato, Lezcano Almirón le habría agarrado las manos e intentado obligarla a tocar sus partes íntimas.
Por su parte, el intendente imputado desmintió los hechos denunciados, alegando que en abril de este año feneció el contrato de la exfuncionaria y no se renovó por problemas presupuestarios. Además, aseguró haber recibido amenazas y extorsión por parte de la mujer, quien supuestamente le advirtió que lo “hundiría” y tenía la forma de lograrlo.
Lezcano Almirón sugirió que detrás de esta situación existe un interés político de sus adversarios, quienes buscarían “quedarse con la Intendencia entrando por la ventana”. El ejecutivo comunal manifestó haber presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
El abogado Oscar Tuma, representante legal del intendente, calificó como “aberrante” y “una locura” la decisión del fiscal de imputar a su cliente teniendo como elementos de prueba solo el testimonio de la supuesta víctima y un video editado, según su perspectiva. Cuestionó que el fiscal se haya “apresurado” en imputar sin realizar otras diligencias urgentes, como la incautación de celulares y la solicitud de grabaciones completas.
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Tuma consideró que el actuar del representante del Ministerio Público es “una barbaridad” y que el expediente no reúne los requisitos legales para proceder a la imputación. Advirtió que, de admitirse la imputación por parte del juez, apelarán y solicitarán la nulidad del proceso, argumentando que podría sentar un “precedente muy peligroso para la ciudadanía”.
Fuente: ABC.
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