Joshua Abreu, titular de la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay, discutió recientemente las restricciones en la supervisión de bonos públicos, en el contexto de las irregularidades detectadas en el uso de bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción. Durante una entrevista en radio Monumental 1080 AM, Abreu explicó el rol y las limitaciones de la institución que dirige.
Abreu puntualizó que la Superintendencia de Valores actúa como supervisora y entidad de registro. “Nosotros somos supervisores por un lado y también somos una entidad de registro”, afirmó. La Comisión Nacional de Valores tiene la tarea de crear reglamentos que aseguren la transparencia y accesibilidad de la información para que los inversores puedan tomar decisiones informadas.
Refiriéndose específicamente a los bonos de la Municipalidad de Asunción, Abreu destacó que tenían una calificación de riesgo alto, destinada solo a inversores calificados. “No cualquier inversor puede invertir en estos bonos, sino solo aquellos calificados a través de una casa de bolsa”, subrayó. Además, indicó que para futuras emisiones de bonos se requerirá una nueva calificación, un nuevo prospecto y un destino claro para los fondos.
En cuanto a la verificación del uso de los fondos, Abreu aclaró que la Superintendencia solo puede comprobar si los bonos fueron colocados a inversores calificados. “La superintendencia verifica si realmente fue invertido donde debería haber sido este caso”, añadió. Sin embargo, según la Ley del Mercado de Valores (Ley 5810, artículo 9), su capacidad de supervisión se limita a la inscripción de los títulos y la intermediación realizada.
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Abreu señaló que la supervisión del destino de los fondos es competencia del Gobierno y que su entidad no tiene derecho a verificarlo en otras entidades públicas. “Solo verificamos si la casa de bolsa colocó realmente a inversores calificados porque el Gobierno tiene un contralor y nosotros no tenemos derecho de entrar a verificar el destino de los fondos a otra entidad pública”, explicó.
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A finales de mayo, la Municipalidad de Asunción presentó documentos a la Contraloría General de la República (CGR) para justificar el uso de bonos, negando un desvío de G. 500.000 millones y argumentando que los fondos se destinaron al pago de salarios y costos operativos.
Fuente: Última Hora
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