Encimados. Expedientes de corrupción pública se encuentran en el piso de cada unidad por falta de muebles. Las oficinas son de tamaño 3x3 y existe un solo ascensor donde caben solo 3 personas.
En un alarmante descubrimiento, se ha revelado que la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, opera en condiciones de extrema precariedad. La falta de recursos, tecnología adecuada y personal capacitado pone en jaque la efectividad de esta crucial unidad fiscal.
Una visita a las instalaciones de la UDEA, ubicada en el corazón de Asunción, deja al descubierto una realidad desalentadora. Oficinas diminutas, expedientes apilados en el suelo, un único ascensor desvencijado y una infraestructura en decadencia son solo algunas de las deficiencias que enfrentan los agentes fiscales encargados de investigar complejos delitos económicos y de corrupción.
Con apenas 13 fiscales, la UDEA tiene la titánica tarea de investigar posibles actos de corrupción en más de 260 municipios, 17 gobernaciones, instituciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de entes autónomos y autárquicos. Cada fiscal cuenta con un equipo de solo dos a tres asistentes, quienes deben lidiar con hasta 200 expedientes en espacios reducidos y con mobiliario inadecuado, convirtiendo la lucha contra la corrupción en una misión casi imposible.
La precariedad se extiende más allá de las oficinas. La falta de tecnología adecuada y la ausencia de interconectividad obstaculizan el trabajo investigativo. Expedientes de corrupción pública, muchos de ellos vinculados a la clase política, languidecen en cajas de cartón, acumulando polvo y olvido. Asistentes fiscales se ven obligados a subir y bajar escaleras o esperar por el único ascensor disponible, perdiendo valioso tiempo en el proceso.
La remuneración de los fiscales de la UDEA, quienes se enfrentan a poderosos esquemas de corrupción y al dinero del crimen organizado, no difiere de la de un fiscal ordinario, oscilando entre 12 y 15 millones de guaraníes. Además, carecen de una adecuada protección y seguridad, exponiendo su integridad en el cumplimiento de sus funciones.
A pesar de los compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia de lucha contra la corrupción, la realidad de la UDEA evidencia un incumplimiento flagrante. La falta de voluntad política para fortalecer esta unidad especializada es un denominador común entre los agentes fiscales, quienes claman por recursos y condiciones dignas para desempeñar su labor.
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La fiscal Belinda Bobadilla, miembro de la UDEA, reconoce la necesidad apremiante de más recursos humanos, pero advierte que el espacio físico actual lo impide. A pesar de las limitaciones, reafirma su compromiso con la institución y la transparencia, subrayando la importancia de reforzar la unidad y mejorar su eficacia en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.
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Este alarmante panorama exige una acción inmediata por parte de las autoridades competentes. Es imperativo dotar a la UDEA de los recursos necesarios, tanto en infraestructura como en tecnología y personal capacitado, para que pueda cumplir con su vital misión de combatir la corrupción y el lavado de dinero. Solo así podremos avanzar hacia un Paraguay más transparente y justo para todos sus ciudadanos.
Fuente: Última Hora
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