Una concesión minera fue otorgada por el Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a la empresa Minera Costa Jhu SA en territorio indígena del Cerro Siete Cabezas, ubicado en el Chaco, según denunció la organización Iniciativa Amotocodie. Esta concesión, que cuenta con licencia ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), afecta de manera directa y significativa a los intereses y bienes de las comunidades ayoreo de Puerto María Auxiliadora, en el distrito de Carmelo Peralta.
Según la investigación publicada por Iniciativa Amotocodie, aunque el proyecto es de prospección y consiste en un relevamiento de campo con toma manual de muestras de suelo y roca, sin emplear metodologías agresivas, su aplicación tiene un impacto directo en las tierras propiedad de las comunidades de Puerto María Auxiliadora, y sus implicancias posteriores pueden ser de alto impacto. El estudio de impacto ambiental, aprobado el 23 de diciembre de 2023, se elaboró para habilitar el proyecto de prospección de minerales metálicos y no metálicos, con el objetivo de detectar fuentes primarias de mineralización de oro y plata.
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Un total de 870 hectáreas de la concesión se superponen con los inmuebles propiedad de las comunidades indígenas ayoreo de Puerto María Auxiliadora, incluyendo el lote comprometido judicial y administrativamente, que es demandado por las mismas comunidades como parte de su territorio ancestral. Esta superposición abarca la totalidad del Cerro Siete Cabezas y su entorno inmediato.
La organización relató que las comunidades de Puerto María Auxiliadora, vecinas de la ciudad de Carmelo Peralta, en Alto Paraguay, son el resultado de un proceso de captura y destierro de los grupos nómadas que habitaban el norte del Chaco a principios de la década de 1960, trasladados a la Misión de Puerto María Auxiliadora, en la costa del río Paraguay, por la Misión Salesiana, en una acción considerada humanitaria en aquella época, con el objetivo de convertirlos a la fe cristiana y evitar su persecución y muerte por parte de quienes pretendían desarrollar diferentes formas de producción en su región de origen.
Sin embargo, debido a las grandes inundaciones del río Paraguay en 1982 y 1983, los indígenas abandonaron la Misión de Puerto María Auxiliadora y se instalaron en las laderas del Cerro Siete Cabezas, considerándolo su territorio sagrado y hogar desde entonces. Para asegurar el espacio necesario ante posibles futuras inundaciones extraordinarias, y viendo el profundo valor que tiene el cerro para el pueblo ayoreo evangelizado, la Misión Salesiana adquirió en 1984 tres inmuebles con una superficie total de 1.600 hectáreas, donde se encuentra el 80% de la superficie del cerro, y estas tierras fueron transferidas en propiedad a las comunidades en 2004 y 2007.
Ante la importancia del área total del cerro y la inminencia de una posible destrucción, las comunidades comenzaron una demanda para proteger el lote que abarca el resto del Cerro Siete Cabezas, requiriendo el reconocimiento de su propiedad, fundados en la ocupación y uso consuetudinario que se le da. Actualmente, dicha demanda tiene un proceso judicial y administrativo, sumado a una medida cautelar de protección.
Desde Iniciativa Amotocodie se cuestiona que el Viceministerio desconozca el catastro de propiedades indígenas y que el Mades ignore lo que aprueba, o peor aún, lo haga sabiendo que se violan normativas, se ignoran derechos y se ponen en riesgo los intereses de los pueblos indígenas que habitan la zona donde se aplicará el proyecto.
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La organización Iniciativa Amotocodie, dedicada desde 2002 a la defensa de la autodeterminación de los grupos ayoreo que viven en estado de aislamiento voluntario y al acompañamiento del proceso colectivo del pueblo ayoreo en la defensa de sus derechos humanos, culturales y territoriales, denunció esta concesión minera otorgada por el MOPC en territorio indígena del Cerro Siete Cabezas, que afecta directamente a las comunidades ayoreo de Puerto María Auxiliadora, en el Chaco paraguayo, y cuestionó el desconocimiento del catastro de propiedades indígenas por parte del Viceministerio y la aprobación del Mades, ignorando o violando normativas y poniendo en riesgo los intereses de los pueblos originarios de la zona.
Fuente: Última Hora.
