En medio de una controversia que involucra a las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo y el Congreso, se ha puesto sobre la mesa una propuesta para multar a aquellos jóvenes que se nieguen a cumplir con el servicio militar obligatorio (SMO). Esta iniciativa, que busca imponer sanciones económicas de hasta 515 mil guaraníes o la realización de tareas sociales, ha generado un intenso debate.
Detrás de esta propuesta, se vislumbra la sombra del Ejército, que busca aumentar su presupuesto para el año 2025. La intención de regular por ley el pago de estas multas a los objetores de conciencia ha sido confirmada por un informe de la propia Defensoría del Pueblo, que a su vez ha reconocido las limitaciones de las Fuerzas Armadas para albergar a todos los jóvenes en edad de cumplir con el SMO.
Debaten anteproyecto que actualiza ley sobre objeción de conciencia al SMO.
https://t.co/qFo5nFmX8i pic.twitter.com/yTDrMswK8Z— Cámara de Diputados (@DiputadosPy) June 4, 2024
La situación se torna aún más compleja ante los recientes casos de abuso físico y la muerte de un cadete en circunstancias poco claras, que actualmente se encuentran bajo investigación. A pesar de estos preocupantes acontecimientos, el ministro de Interior, Enrique Riera, ha defendido ante el Congreso la necesidad de modificar la ley 4013/2010, que reglamenta el derecho a la objeción de conciencia al SMO, argumentando que esta medida ayudaría a “sacar de la droga” a los jóvenes.
Lea más: Ministro Riera plantea “restablecer” el Servicio Militar Obligatorio
Sorprendentemente, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Rafael Ávila, es quien impulsa el anteproyecto para regular el pago de las multas, a pesar de que en 2019 su propio organismo estableció una sanción de 400 mil guaraníes para aquellos que no pasaron por los cuarteles. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Roya Torres, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien admite que el objetivo no es recaudar, sino animar a los objetores a realizar trabajos comunitarios en lugar de pagar el equivalente a cuatro jornales mínimos.
Sin embargo, la efectividad de esta medida ha sido cuestionada. Durante el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez, la implementación de una multa similar no logró recaudar más de 2 mil millones de guaraníes, los cuales fueron destinados al Ministerio de Economía para su inclusión en el presupuesto nacional. Además, esta disposición provocó largas filas de jóvenes en las oficinas distritales de la Defensoría del Pueblo para regularizar sus documentos, mientras que otros optaron por declararse objetores para evitar el servicio militar.
Polémica por servicio militar obligatorio
En audiencia pública realizada ayer en la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Rafael Ávila, presentó un anteproyecto de ley que propone cobrarle Gs. 515.455 a los que no hicieron el Servicio Militar… pic.twitter.com/AdUyxpPafB
— Unicanal (@Unicanal) June 5, 2024
En la Cámara de Diputados, el proyecto auspiciado por Ávila y Torres ha sido recibido con cuestionamientos. El diputado Rubén Rubín expresó su desacuerdo con la multa y enfatizó la necesidad de potenciar a las fuerzas militares e incentivar a los jóvenes, pero para lograrlo, considera que se debe presentar un servicio militar atractivo y mejorar la imagen deteriorada de la institución.
Por otro lado, el exdefensor del Pueblo, Miguel Godoy, acusó a Ávila de incurrir en el mal desempeño de sus funciones al respaldar un proyecto que vulnera el derecho de los objetores. Godoy argumenta que el Defensor del Pueblo debe velar por los jóvenes que no desean realizar el servicio militar y no puede obligarlos a pagar una multa para recaudar fondos para los militares.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
A pesar de las críticas, en el Congreso coinciden en la necesidad de iniciar un debate sobre la modificación de la ley que obliga a cumplir el SMO y agilizar el pago de la multa o el servicio social para la obtención del carnet. Los diputados no descartan que las Fuerzas Armadas estén ejerciendo presión para aumentar su presupuesto, dado el creciente nivel de participación que el gobierno les está otorgando en la lucha contra el crimen organizado.
Fuente: La Política Online
