El ex ministro de Justicia, Daniel Benítez, dijo que no sabe con precisión cuándo se montó la fábrica de condimentos Prisionero del Sabor. Foto: Ministerio de Justicia
El exministro de Justicia, Daniel Benítez, declaró desconocer cuándo se instaló la fábrica de condimentos “Prisioneros del Sabor” en el penal de Emboscada, la cual estaría siendo utilizada para lavar dinero. Según las investigaciones, los presuntos financistas de la fábrica serían procesados en el operativo A Ultranza.
En una entrevista con radio Monumental 1080 AM, Benítez abordó la denuncia penal presentada por el Ministerio de Justicia sobre el supuesto lavado de dinero relacionado con la fábrica de salsa picante que opera en el penal. El exsecretario de Estado afirmó que durante su gestión nunca firmó un convenio con la mencionada empresa y que no tiene conocimiento preciso de cuándo se montó la fábrica.
“Personalmente no tengo conocimiento de cuándo se montó la fábrica. De mi parte al menos yo no autoricé nada”, expresó Benítez, indicando que es posible corroborar esta información revisando el libro de novedades y el circuito cerrado del penal. Además, recordó un encuentro con Marcelo Lee, un ciudadano coreano nacionalizado paraguayo procesado por delitos relacionados con estupefacientes, quien se acercó para conversar sobre el proyecto de la fábrica.
Benítez detalló que dejó el cargo hace 10 meses y enfatizó que durante su gestión no firmó ningún convenio con la fábrica. Según el exministro, la Dirección de Reinserción Social, dependiente del Ministerio de Política Criminal, es la encargada de todos esos procesos.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Justicia, la fábrica fue completamente instalada en agosto de 2023 y se presentó a Lee como impulsor. Sin embargo, las investigaciones sugieren que la planta habría sido financiada por personas investigadas y procesadas en el marco del operativo A Ultranza.
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La fábrica “Prisioneros del Sabor” ha logrado una presencia significativa en el mercado, con su salsa llegando a más de 200 puntos de venta en cadenas de supermercados y restaurantes, y una producción mensual de 16.000 botellitas. Ante las acusaciones presentadas por el Ministerio de Justicia, la marca emitió un comunicado negando y rechazando las imputaciones.
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Este caso plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia y el control en el sistema penitenciario, y requiere una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
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