El Ministerio de Justicia ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la fábrica de condimentos “Prisioneros del sabor”, ubicada dentro de la Penitenciaría Regional de Emboscada. El emprendimiento, que había sido promocionado por el Gobierno como un ejemplo de reinserción social, estaría siendo utilizado para fines ilícitos.
Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, confirmó la presentación de la denuncia y trasladó la responsabilidad a la administración anterior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Según Benítez, la fábrica ya había sido montada en años anteriores y las supuestas irregularidades fueron detectadas en septiembre, poco después de que el ministro Ángel Barchini asumiera el cargo.
Ministerio de Justicia denuncia supuesto lavado de dinero a través de una empresa de picante instalada en la cárcel de Emboscada
️ "Lo que se da a conocer al Ministerio Público es la estructura de la fábrica, todos saben que montar esto no es nada económico. Recabamos todos… pic.twitter.com/vlFisqS5lH
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) June 4, 2024
A pesar de las sospechas, se permitió que la fábrica siguiera funcionando “para no levantar sospechas”, mientras se remitía un informe a la Fiscalía. La planta procesadora requirió una gran inversión para adquirir modernos equipos de fabricación y envasado, aunque el monto exacto no fue precisado por el viceministro.
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Inicialmente, se había presentado como impulsor del proyecto a Marcelo Lee, un ciudadano coreano nacionalizado paraguayo que está procesado por tenencia y comercialización de estupefacientes. Sin embargo, se sospecha que la financiación real proviene de personas investigadas en el marco del Operativo A Ultranza, entre ellos Luis Cebriano, imputado en esta causa que investiga una red de lavado de dinero presuntamente liderada por el uruguayo prófugo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, actualmente detenido.
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La denuncia del Ministerio de Justicia arroja sombras sobre un emprendimiento que se presentaba como una iniciativa positiva para la reinserción social de los reclusos. Ahora, las autoridades deberán investigar a fondo las acusaciones de lavado de dinero y determinar si efectivamente se han utilizado fondos ilícitos para financiar la fábrica de condimentos dentro del penal de Emboscada.
Fuente: Última Hora
