El pastor evangélico José Alberto Insfrán Galeano, líder del movimiento Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), se encuentra preparando una demanda contra el Estado en busca de una indemnización por supuestos daños y perjuicios. Insfrán Galeano está preso y procesado por su presunta participación en el esquema de narcotráfico desmantelado con el megaoperativo A Ultranza Py, en el que se encuentra privado de libertad desde el 16 de noviembre de 2023.
A través de su abogado, Nelson López Ruiz, el pastor inició diligencias preparatorias para plantear un juicio ordinario de indemnización contra personas innominadas que ocupan funciones públicas y contra el Estado paraguayo. López destacó que su representado inició una huelga de hambre el martes pasado, reclamando mejores condiciones de vida en prisión, y solicitó que se priorice esta situación.
La presentación realizada por López ya ha sido atendida por el juez en lo civil y comercial Guillermo Riveros Florentín. En la misma, se solicita al magistrado que requiera una serie de informes al Ministerio de Justicia (MJ) y a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Insfrán Galeano argumenta que esta diligencia responde a la necesidad de acceder a actos administrativos y resoluciones que fundamenten la eventual demanda, a raíz de la calificación en su contra como persona de alta peligrosidad capaz de poner en riesgo la seguridad interna del Estado, en perjuicio de su derecho constitucional a la presunción de inocencia.
El juez solicitó al Ministerio de Justicia que informe si la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada, donde se encuentra recluido Insfrán Galeano, fue habilitada por resolución ministerial y si está destinada a acoger a personas privadas de libertad en forma preventiva y bajo normativa legal. Además, se requiere saber si el pastor fue calificado como persona de “alta peligrosidad” por algún organismo técnico especializado y, en caso afirmativo, que se remitan los informes y elementos de prueba que sustenten dicha calificación.
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Por otro lado, se solicita a la Senad que informe si Insfrán Galeano estuvo recluido en dicha sede, especificando el periodo de reclusión y si durante ese tiempo fue objeto de medidas disciplinarias por conductas contrarias a la ley o reglamento de la institución. También se requiere saber si la Senad cuenta con un organismo técnico competente para calificar a personas privadas de libertad como de alta peligrosidad y si el agente especial Daniel Fernández, director de S.I.U., tiene competencia para emitir informes caracterizando a una persona recluida preventivamente como de alto perfil y de alta peligrosidad.
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Cabe recordar que José Insfrán Galeano está siendo procesado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza Py. El Ministerio Público lo señala como supuesto contribuyente en el esquema de lavado de activos del grupo encabezado por el uruguayo prófugo Sebastián Marset, que involucra además a sus hermanos Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “tío Rico”, Yolanda y Carolina Insfrán Galeano, y Conrado Insfrán Villar.
Fuente: ABC Color
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