La jueza de Paz de Trinidad, Gloria Machuca, ha sido acusada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por la abogada Alejandra Peralta Merlo, en representación del empresario Christian Chena. La denuncia se basa en supuestos actos de prevaricato y mal desempeño de funciones, relacionados con la emisión de siete resoluciones judiciales que prohibieron publicaciones sobre la abogada Gisele Zuni Mousques.
La primera resolución, datada el 28 de noviembre de 2023, impuso una medida de protección que prohibía a Chena referirse a Mousques en sus redes sociales y medios digitales. Esta medida fue ampliada el 30 de noviembre, especificando la prohibición de términos denigrantes, conforme a la Ley 5777/16 de protección integral contra las mujeres.
Durante diciembre, Machuca emitió cuatro providencias adicionales, culminando el 12 de enero con la confirmación de la prohibición, fundamentada en la ley mencionada, al considerar probados los agravios contra Mousques. Estas decisiones han sido calificadas por Peralta Merlos como censura previa, contraria a los derechos constitucionales garantizados.
Según la acusadora, la jueza no delimitó claramente la conducta prohibida, generando incertidumbre sobre el alcance de la medida y el riesgo de desacato. Además, se alega que se impidió el ejercicio de derechos constitucionales, como la libertad de expresión y de prensa.
El origen del conflicto radica en publicaciones de RDN que denunciaban supuestos actos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS), involucrando a Darío Filártiga, esposo de Mousques. Estas publicaciones fueron complementadas con comentarios en redes sociales que la jueza consideró agravantes.
La denuncia de Mousques incluyó capturas de pantalla de publicaciones en X (anteriormente Twitter) de Chena, mencionando las noticias y comentarios de terceros. La jueza, según la acusación, atribuyó responsabilidad a Chena y su medio por dichos comentarios, prohibiendo futuras referencias ofensivas hacia Mousques.
La abogada Peralta Merlo argumenta que esta medida viola el principio “iuria novit curiae”, que obliga a los jueces a conocer y respetar el texto constitucional. La imposición de una censura previa por parte de la magistrada, según la acusación, constituye una causal de remoción de su cargo.
Fuente: El Observador
