El Ministerio de Justicia (MJ) ha decidido suspender una licitación millonaria, por un monto superior a los G. 17.000 millones, destinada a la compra de pechugas de pollo prémium y galletitas dulces de chocolate y vainilla para la alimentación de los reclusos en las penitenciarías y centros educativos del país. La decisión fue confirmada por el recién nombrado ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, en medio de sospechas de direccionamiento en el proceso.
La licitación, cuyo plazo para la presentación de ofertas por parte de las firmas interesadas vencía este viernes, había generado cuestionamientos por parte de las empresas oferentes. Según denunciaron, el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) establecía requisitos que solo podrían ser cumplidos por una firma específica del mercado, lo que apuntaba a un posible direccionamiento del proceso.
Al analizar el PBC publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se observa que se exigen ciertas características específicas para el pollo premium, incluyendo la presentación de la autorización del fabricante en caso de que el oferente no sea el productor directo de los bienes propuestos. En cuanto a las galletitas, se requiere que el producto cumpla con características particulares y con resoluciones del Mercosur relacionadas al rotulado de alimentos envasados y al rotulado nutricional.
La licitación suspendida tenía como objetivo proveer de alimentación a 18 penitenciarías y 8 centros educativos, donde se estima una población global de casi 17.099 adultos entre hombres y mujeres, además de 171 adolescentes de ambos sexos. La magnitud de la población beneficiaria y el monto involucrado en el proceso han llevado al Ministerio de Justicia a tomar la decisión de suspender la licitación hasta que se aclaren las sospechas de direccionamiento.
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La suspensión de esta millonaria licitación por parte del Ministerio de Justicia refleja la importancia de garantizar la transparencia y la equidad en los procesos de contratación pública. Es fundamental que se investiguen a fondo las denuncias de direccionamiento y se tomen las medidas necesarias para asegurar que todas las empresas interesadas tengan igualdad de oportunidades para participar en las licitaciones, evitando favoritismos o prácticas que atenten contra la libre competencia.
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El ministro Rodrigo Nicora tendrá la tarea de liderar una revisión exhaustiva de este proceso y de implementar los mecanismos necesarios para fortalecer la integridad y la transparencia en las contrataciones del Ministerio de Justicia. Solo así se podrá garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y se brinde una alimentación adecuada a los reclusos en las penitenciarías y centros educativos del país.
Fuente: ABC Color
