En un nuevo intento de censura, la abogada Gisele Mousques presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para suspender la revocación de la censura anticonstitucional hecha por meses al medio RDN y al empresario Christian Chena, y solicitó a la cuestionada jueza de paz Gloria Machuca que reactive la censura judicial que fue impuesta desde diciembre de 2023. Este accionar ha sido calificado como un adefesio jurídico y un atropello al estado de derecho por expertos.
La abogada Alejandra Peralta Merlo, en entrevista con nuestro medio, expresó su preocupación por este caso. Señaló que la acción de inconstitucionalidad es una herramienta legal para atacar resoluciones que violen la Constitución Nacional, pero en este caso, la sentencia revocatoria de la jueza de apelación subsanó una violación constitucional de la jueza de paz Gloria Machuca. Peralta Merlo calificó como paradójico pretender que la Corte declare inconstitucional una sentencia que corrige una violación constitucional.
Lo que resulta más llamativo es que Mousques, luego de presentar la acción de inconstitucionalidad, solicitó a la jueza de paz que suspenda los efectos de la sentencia revocatoria. Esto es un absurdo legal, ya que el Código Procesal Civil establece claramente que es la Corte Suprema quien determina la suspensión de los efectos de una sentencia con fuerza de cosa juzgada, no el juzgado de primera instancia. Este planteamiento completamente ilegal busca torcer la ley y la Constitución Nacional al más puro estilo stronista.
Peralta Merlo considera que no se trata de un desconocimiento de la ley por parte de Mousques, sino de un intento de avasallamiento legal para demostrar poder y sometimiento de la justicia. Afortunadamente, la jueza Machuca no se expidió sobre el pedido, aunque debería rechazarlo de inmediato por improcedente, ya que acogerse a esa solicitud podría exponerla a una remoción directa de su cargo por prevaricato.
La Corte Suprema tiene ahora la oportunidad de lucirse con una sentencia que sirva de guía para las actuaciones de los jueces de paz al recibir denuncias que manipulan la Ley 5777/16 para impedir el debate sobre casos de corrupción. Es crucial que la Corte establezca claridad y evite que se acallen voces disidentes.
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Este caso emblemático pone en juego la defensa de la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción. Es momento de que la justicia actúe con firmeza y no permita que intereses oscuros manipulen las leyes para censurar y perpetuar la impunidad.
