En un nuevo giro en el caso denominado “Operativo A Ultranza PY”, la Fiscalía ha presentado una acusación formal contra el senador Erico Galeano por los delitos de asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Como parte de la acusación, se ha expuesto gráficamente el esquema de vínculos entre el legislador y los líderes de la organización criminal, entre ellos Miguel A. Insfrán, alias “Tío Rico”, y Sebastián Marset.
Según el documento del Ministerio Público, este esquema evidencia la participación activa de Galeano en el blanqueo de capitales y en la prestación de servicios a favor de la estructura delictiva, especialmente durante el periodo en el que la organización no contaba con su propia flota de aeronaves, debido a las incautaciones realizadas por el ya fallecido fiscal contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci.
Para la Fiscalía no hay dudas de que Erico Galeano simuló la venta de un inmueble por USD 1 millón en efectivo para beneficiar al esquema de Tío Rico.
Es más, colaboró logísticamente cediendo su aeronave.
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— Monumental AM 1080 (@AM_1080) May 24, 2024
La acusación detalla que el senador tenía bajo su titularidad diversas propiedades, cuentas bancarias, vehículos y negocios que eran utilizados en el entramado de lavado de dinero. Asimismo, se exponen las transacciones de compraventa de bienes entre Galeano y los implicados en la causa.
Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak han solicitado que el caso sea elevado a juicio oral y público, quedando en manos del juez penal de Garantías contra el Crimen Organizado, Osmar Legal, la decisión de admitir o rechazar esta petición.
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Entre las revelaciones más impactantes se encuentra que Galeano habría recibido un millón de dólares en efectivo provenientes del esquema criminal, siendo plenamente consciente del origen ilícito de estos fondos. Además, se le acusa de facilitar la compraventa de un inmueble de su propiedad a un presunto testaferro de “Tío Rico”, permitiendo así la conversión de dinero ilegal en bienes raíces.
La Fiscalía también cuestiona el uso de la aeronave propiedad de Galeano, la cual no estaba registrada como taxi aéreo, contradiciendo la defensa del senador y sugiriendo una intención dolosa de ocultar el verdadero propósito de su utilización dentro de la logística criminal.
El juez Osmar Legal dispone de un plazo de tres días para revisar la documentación presentada por los fiscales y decidir sobre la admisión de la solicitud de juicio oral. De ser aceptada, se fijará una fecha para la audiencia preliminar.
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Este caso sigue generando conmoción en la sociedad paraguaya, al exponer los presuntos vínculos entre altas esferas políticas y el crimen organizado, erosionando aún más la confianza en las instituciones y exigiendo una respuesta contundente por parte de la justicia.
Fuente: ABC Color
