Ruiz Díaz Vallejos, oriundo de Villeta, ingresó a la Senad en el año 2006 como agente especial. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó en el área de microtráfico hasta alcanzar el cargo de director general de Inteligencia Técnica en 2021. Según documentos oficiales, hasta el 2022, el funcionario percibía un sueldo total de G. 19.370.900, incluyendo gastos de representación, responsabilidad en el cargo y otros beneficios.
El exministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, confirmó que Ruiz Díaz ocupaba la dirección de Inteligencia Técnica en el momento en que se registraron las conversaciones mencionadas en la acusación contra Miguel Insfrán, alias Tío Rico, donde se hace referencia a una supuesta filtración interna en dicha dirección.
Jalil Rachid, actual titular de la Senad, corroboró que Ruiz Díaz Vallejos ya ejercía como jefe de Inteligencia desde el 2017, teniendo acceso a información sensible, informes y análisis realizados por agentes especiales y analistas. “Todo pasaba por su mano”, enfatizó Rachid.
Los antecedentes de Ruiz Díaz Vallejos incluyen un incidente ocurrido en abril de 2019, cuando, siendo jefe del departamento de Inteligencia Técnica de la Senad, atropelló y mató a un peatón identificado como Marcos Ariel Ortega (27) en la Ruta PY02, en Capiatá. El alcotest realizado al funcionario resultó negativo, según informes policiales.
Llamativamente, el vehículo que conducía Ruiz Díaz Vallejos en aquel momento era una camioneta Toyota Hi-Lux propiedad de Rubén Antonio Fleitas Gómez, quien había sido capturado por la Senad en abril de 2016 junto a otros 10 miembros de una organización internacional de tráfico de drogas. En aquella ocasión, se incautaron 18.900 kilos de marihuana prensada que estaban a punto de ser embarcados en un puerto clandestino de Villeta, ciudad natal del exjefe de Inteligencia.
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La supuesta complicidad de Mauro Ruiz Díaz Vallejos con el esquema de narcotráfico liderado por Tío Rico ha generado preocupación y exige una investigación exhaustiva. La posible infiltración de funcionarios de la Senad en actividades delictivas socava la confianza en la institución y pone en riesgo la efectividad de la lucha contra el tráfico de drogas en el país.