La Municipalidad de Asunción, bajo la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista), ha demostrado serias deficiencias financieras que han impactado negativamente en la ciudad. Según documentos oficiales, Nenecho ha mantenido congelados los fondos de royalties en la comuna, sin ejecutar obras en los últimos dos años y sin recibir nuevas transferencias desde el 2018 por incumplimiento de requisitos establecidos por el Gobierno Nacional.
La cuenta bancaria de la Municipalidad de Asunción destinada a los fondos de royalties, que asciende a G. 1.351 millones, se ha mostrado sin movimientos tanto en el 2023 como en lo que va del 2024. Esto evidencia que Nenecho no ha utilizado estos recursos para pagar obras, a pesar de tenerlos disponibles.
Desde el 2018 hasta el año pasado, la Municipalidad de Asunción debía recibir más de G. 183.138 millones (USD 25,3 millones) en concepto de royalties, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y juegos de azar. Sin embargo, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, la ciudad no ha recibido estos fondos.
Mientras tanto, Asunción sufre por la falta de infraestructura, plazas abandonadas, baches en las principales avenidas y una apariencia de dejadez en el microcentro. En la rendición de cuentas del 2023, Nenecho mostró una ejecución de solo el 13,79% en inversión física (construcción y adquisiciones), a pesar de contar con un presupuesto de G. 852.964 millones. Del monto destinado a construcciones, que ascendía a G. 716.771.388.851, apenas se ejecutaron alrededor de G. 88.000 millones.
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La Contraloría General de la República (CGR) sigue esperando un informe sobre el agujero de G. 500.000 millones en concepto de bonos, luego de haber otorgado una prórroga al intendente para su presentación.
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Los royalties son fondos provenientes de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere a las municipalidades de todo el país para ser destinados a obras. Según la Ley 2.979, el 85% de estos recursos deben utilizarse para desarrollo urbano, infraestructura vial, educación, salud, desarrollo productivo y medio ambiente, mientras que el 15% restante se destina a fiscalización de obras o gastos corrientes.
Fuente: ABC Color
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