El ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos y el presidente de la República, Santiago Peña. Foto: Gentileza
Una vez más, el nivel de endeudamiento público en Paraguay ha escalado a cifras preocupantes, alcanzando los USD 17.441 millones a marzo de este año, según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.
Este aumento se debe principalmente a las dos últimas emisiones de bonos del Tesoro realizadas por el Gobierno durante el primer trimestre: USD 1.000 millones en el mercado internacional y USD 120 millones a nivel local. Fondos que se suman a los USD 345 millones autorizados para colocación de deuda interna durante 2023.
El endeudamiento actual representa el 38,5% del PIB, porcentaje que las autoridades consideran bajo en comparación con países vecinos. Sin embargo, este análisis oficial omite un factor fundamental: la baja capacidad de pago del Estado paraguayo.
A diferencia de Argentina, Brasil o Uruguay -con una presión tributaria promedio del 30% del PIB-, Paraguay apenas supera el 10%, ubicándose entre las naciones con menor recaudación impositiva a nivel mundial.
Como advierte el economista Luis Rojas, para afrontar anualmente los servicios de la deuda creciente en concepto de intereses y amortizaciones, el Gobierno se ve obligado a recortar recursos destinados a gastos sociales e inversiones públicas.
Lejos de revertir este círculo vicioso, la presente administración ha optado por seguir la senda iniciada por Cartes y continuada por Abdo Benítez: aumentar el endeudamiento sin adoptar medidas que mejoren los ingresos fiscales vía un justo y necesario incremento de la carga tributaria sobre los sectores más pudientes.
Esta política de parches financieros solo aplaza la resolución del problema de fondo: la crónicamente baja recaudación del Estado paraguayo, que además conlleva otros riesgos como los condicionamientos impuestos por organismos multilaterales prestamistas.
En vez de afrontar estas deudas mediante un sistema tributario más progresivo y justo, el Gobierno opta por la vía fácil de seguir contrayendo préstamos que, a la larga, hipotecan el futuro desarrollo del país con exigencias ajenas.
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Esta falta de valentía fiscal exhibe un doble discurso económico que acrecienta la deuda sin querer incomodar a quienes más tienen y podrían aportar más, a costa de sacrificar áreas tan sensibles como la inversión social.
Fuente: LPO
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