El gobierno de Santiago Peña implementó cambios en el portal de Acceso a Información Pública (AIP), de los cuales algunos se podrían considerar como prácticas restrictivas al artículo 28 de la Constitución Nacional (Del Derecho a Informarse). SILVIO ROJAS
Un manto de preocupación se ha cernido sobre diversos sectores de la sociedad civil ante los recientes cambios implementados en el portal de Acceso a Información Pública (AIP), los cuales imponen restricciones que atentan contra el libre ejercicio del derecho a informarse consagrado constitucionalmente.
Pese a la instalación de una mesa de trabajo entre el Gobierno y gremios privados para supuestamente “optimizar” el sitio web, las nuevas medidas representan un evidente retroceso en materia de transparencia y acceso ciudadano a datos públicos.
Entre las modificaciones más cuestionadas, destaca el polémico requisito de contar con una identidad electrónica para poder realizar solicitudes de información al Estado. Esta exigencia impide a paraguayos residentes en el extranjero ejercer este derecho, además de obstaculizar a quienes no han tramitado ese perfil digital.
Asimismo, se ha impuesto la obligatoriedad de proporcionar una «dirección real» a los solicitantes, lo cual ha derivado en que varios pedidos «reboten» por este motivo, contraviniendo el principio de libre acceso sin requisitos previos.
Estas arbitrarias imposiciones han provocado una alarmante caída en las solicitudes de informes a través del portal, según revelan las propias estadísticas oficiales de la plataforma.
Otro de los retrocesos implementados es la eliminación de la herramienta de búsqueda por palabras clave, sumamente útil para académicos, investigadores y ciudadanos en general a fin de identificar informes de interés ya proporcionados anteriormente y evitar reiterados pedidos por los mismos datos.
Diversas organizaciones han expresado su profunda preocupación por estas medidas restrictivas que, lejos de optimizar el acceso público a la información como promulgaba su creación mediante la Ley 5282, parecen buscar todo lo contrario: obstaculizar y limitar ese derecho constitucional fundamental.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
Esta situación ha despertado el rechazo unánime de entidades de la sociedad civil, que ven con temor cómo se vulnera la transparencia informativa, pilar indispensable para una auténtica democracia y desarrollo de la ciudadanía.
Fuente: ABC Color
Esta web usa cookies.