La Cámara de Diputados sancionó y remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley de “Reforma y Modernización de la Policía Nacional”, en medio de fuertes críticas de la oposición que advirtió sobre la posibilidad de que la normativa permita el resurgimiento de prácticas autoritarias reminiscentes de la dictadura de Alfredo Stroessner, como la realización de “investigaciones” sin intervención de la Fiscalía y el retorno de las barreras policiales.
La sesión en la que se aprobó el proyecto, que consta de 282 artículos, se desarrolló de manera acelerada gracias a un acuerdo de tratamiento de código que implicaba discutir únicamente los artículos cuestionados. La mayoría colorada en Diputados impuso su voluntad, pese a que algunos oficialistas reconocieron la inconstitucionalidad de varios artículos, pero prefirieron apurar el trámite para evitar que el proyecto vuelva al Senado.
Diputados aprueba proyecto de reforma y modernización de la Policía
️La Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones el proyecto de reforma y modernización de la Policía Nacional. Pasa el Poder Ejecutivo.
️Sobre el proyecto conversamos con el diputado Edgar Olmedo.
Vía:… pic.twitter.com/PoArq8VWyj
— Radio Ñandutí (@nanduti) May 9, 2024
Los artículos 6, 19, 260 y 264 fueron duramente cuestionados por considerarse inconstitucionales y por habilitar prácticas autoritarias similares a las que se acostumbraban durante el régimen stronista. Estos artículos facultarían a la Policía a montar equipos de investigación en paralelo a la Fiscalía, tal como operaba el Departamento de Investigaciones de Pastor Coronel durante la dictadura.
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El cartismo, que antes de la sesión mantuvo una reunión con el ministro del Interior Enrique Riera, no admitió ninguna modificación para evitar que el proyecto retorne al Senado y demore su promulgación, a pesar de admitir la existencia de errores que supuestamente serán corregidos una vez que la ley entre en vigencia.
El artículo 260 sancionado establece que el «uso de la fuerza pública será reglamentado por Resolución de la Comandancia de la Policía Nacional», dejando al arbitrio del gobierno la imposición de su forma de operar.
Ante esto, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) señaló que debería ser “conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes vigentes a fin de dar cumplimiento a su misión y para que no vuelvan los tiempos de la policía de Pastor Coronel”.
Su correligionario Diosnel Aguilera (PLRA, C) respaldó este y otros pedidos de modificación, advirtiendo que el peligro de abusos no es injustificado, recordando la persecución sufrida por el PLRA durante la dictadura y el reciente atropello a la sede partidaria durante el gobierno de Horacio Cartes, donde uniformados asesinaron al joven dirigente Rodrigo Quintana.
“Quienes formamos parte de esta nucleación política que fue largamente perseguida por este régimen, no quisiéramos repetir, generar una normativa que pueda dar pie a la instauración de nuevo de aquella nefasta y fatídica Policía de Investigación, que encabezó Pastor Coronel, no quisiéramos que esos tiempos retornen jamás al Paraguay”, enfatizó Aguilera.
Otros legisladores que expresaron duras críticas a la propuesta fueron los diputados Rodrigo Blanco (PLRA, PL), Raúl Benítez (PEN) y Alexandra Zena (Cruzada Nacional).
La sanción de la polémica reforma policial por parte de la Cámara de Diputados ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad y los riesgos que podría implicar para las libertades y garantías ciudadanas. Ahora, el proyecto queda en manos del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si promulga la ley o la veta total o parcialmente.
La oposición ha advertido sobre la posibilidad de que la reforma abra la puerta a abusos y excesos por parte de la Policía Nacional, similares a los que se vivieron durante los oscuros años de la dictadura stronista. Sin embargo, el oficialismo ha defendido la necesidad de modernizar la institución policial y ha minimizado las críticas, prometiendo corregir los errores señalados una vez que la ley entre en vigencia.
El debate sobre la reforma policial promete continuar en los próximos días, con la ciudadanía y diversos sectores de la sociedad civil atentos a las implicancias que esta normativa podría tener para la seguridad y las libertades públicas en el país.
Fuente: ABC Color
