Un alarmante informe elaborado por la organización Somos Anticorrupción Paraguay y miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) revela que los casos emblemáticos de corrupción pública en el país han alcanzado la descomunal suma de G. 9.148.585.268.332 millones, equivalentes a unos USD 1.223.357.412. Estos datos, obtenidos a través del acceso a la información pública del Ministerio Público, ponen de manifiesto el enorme daño patrimonial que la deshonestidad de los políticos ha causado al Estado paraguayo.
La investigación, que abarcó el análisis de 108 expedientes por casos de corrupción y daño patrimonial al Estado, señala que la mayoría de ellos guarda relación con delitos de lesión de confianza y estafa. Además de hurgar y monitorear los expedientes, las organizaciones realizan constantes urgimientos en las distintas Salas donde se encuentran paralizados para evitar que los mismos prescriban, lo que implicaría la impunidad de los implicados.
Entre los casos emblemáticos de corrupción pública que dejaron un perjuicio notorio al Estado y que actualmente se encuentran pendientes de ejecución y condena, se destaca el del ex gobernador de Villa Hayes, Óscar Venancio Núñez, hermano del actual senador colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez. Él fue imputado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, dejando un perjuicio patrimonial por más de G. 55 mil millones.
Varios políticos colorados figuran en la lista de implicados. El ex gobernador del departamento Central, Hugo Javier, está imputado por lesión de confianza con un supuesto daño patrimonial de más de G. 5 mil millones. Asimismo, el ex diputado Miguel Cuevas causó un perjuicio patrimonial al Estado por más de G. 5 mil millones, mientras que el senador colorado Erico Galeano tiene abierta una causa por presunto lavado de dinero y asociación criminal.
Los casos de corrupción durante la pandemia también están bajo la lupa. Entre ellos, se encuentran los del ex titular de la DINAC Édgar Melgarejo y la ex titular de Petropar Patricia Samudio, ambos imputados por lesión de confianza y generar un desfalco a las arcas del Estado durante la crisis sanitaria. Justo Pastor Ferreira enfrenta un proceso por asociación criminal y contrabando durante la pandemia, generando un perjuicio de más de G. 3 mil millones.
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Recientemente, la organización Coapy denunció casos sonados de nepotismo en la función pública. Uno de ellos es el del hijo de la diputada Roya Torres, Elías Torres, quien se desempeña como asesor parlamentario con apenas 20 años. La denuncia, por cobro indebido de honorarios, está a cargo del fiscal Diego Arzamendia de la unidad 13. También fueron denunciados la hija del vicepresidente Pedro Alliana, Monserrath Alliana, y el hijo del senador Silvio Ovelar por cobro indebido.
Todos estos datos pueden ser observados y seguidos desde el portal web www.coapy.org.py, donde la ciudadanía puede mantenerse informada y velar por los intereses del país, además de ejercer un control sobre los procesos. La plataforma permite seguir cada caso, verificar en qué instancia se encuentra y qué medidas se han tomado al respecto.
La corrupción política en Paraguay ha dejado un profundo agujero en las arcas del Estado, perjudicando gravemente a la ciudadanía. Muchos casos han quedado impunes o han sido sobreseídos, pero el daño patrimonial persiste. Es imperativo que la justicia actúe con celeridad y contundencia para sancionar a los responsables y recuperar los fondos malversados. Solo así podrá restaurarse la confianza en las instituciones y sentar un precedente de que la corrupción no quedará impune.
La sociedad civil organizada, a través de iniciativas como las de Somos Anticorrupción Paraguay y la Coordinadora de Abogados del Paraguay, desempeña un papel crucial en la lucha contra la corrupción, monitoreando los procesos y exigiendo justicia.
Fuente: Última Hora
