Alberto Palumbo, empresario cuestionado por su historial de inhabilitaciones y amonestaciones en servicios prestados al Estado, sigue acumulando contratos millonarios a través de sus empresas. Recientemente, su firma Potî SA fue adjudicada con un contrato por más de G. 11.000 millones para brindar servicios de limpieza al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), a pesar de las denuncias por incumplimiento de contrato y presuntas irregularidades en su desempeño.
La adjudicación a Potî SA se encuentra actualmente suspendida debido a una impugnación presentada ante sospechas de anomalías en el proceso. Cabe destacar que esta empresa ya había sido amonestada anteriormente por incumplimiento de contrato en el servicio de limpieza prestado al Instituto de Previsión Social (IPS).
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Además de las controversias relacionadas con Potî SA, Alberto Palumbo, en calidad de proveedor con su empresa unipersonal, acumula dos inhabilitaciones de cuatro meses cada una, impuestas en 2016 y reincidentes en 2017. Estas sanciones fueron aplicadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) debido a conductas antijurídicas comprobadas en el marco de diversos llamados y licitaciones.
Las irregularidades no se limitan a la empresa unipersonal de Palumbo. Los consorcios creados entre su unipersonal y otras empresas a su nombre, como Consorcio Limpieza, también fueron señalados por incumplimientos y recibieron amonestaciones. Precisamente, Potî SA formaba parte de este consorcio cuestionado.
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En el caso específico de Consorcio Limpieza, integrado por la unipersonal de Alberto Palumbo y la empresa Potî SA, una investigación de contrataciones públicas reveló presuntas conductas de incumplimiento de contrato, consignación irregular de trabajadores en el sistema y omisión de seguros de salubridad en el marco de un contrato de servicios de limpieza para el IPS. Además, se identificaron trabajadores sin cobertura de seguridad social y denuncias de mal manejo de personal.
Potî SA también enfrentó reiteradas denuncias ante el Ministerio de Trabajo por despidos injustificados y pagos por debajo de lo establecido en la ley. Los trabajadores afectados alegaban ser obligados a firmar contratos con salarios de G. 3 millones, mientras que en realidad percibían solo G. 1.900.000. A pesar de las múltiples denuncias presentadas en 2022, el Ministerio de Trabajo no tomó medidas contundentes al respecto.
Fuente: Última Hora.
