Amnistía Internacional presentó el lunes un informe que pone de manifiesto las profundas y desiguales brechas de acceso al sistema público de salud en Paraguay. Según el documento, estas disparidades son causadas por la falta de inversión suficiente y un ejercicio ineficiente de los recursos, lo que no solo pone en riesgo la vida y la salud de las personas, sino que también afecta severamente su ingreso económico.
En el acto de presentación, estuvieron presentes Diego Vázquez, investigador de Amnistía Internacional para las Américas; Rosalía Vega, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Paraguay; María Julia Cabello, directora de Política Institucional de AI; Mariluz Marti, investigadora; y Dante Leguizamón, secretario general de la Codehupy. El informe, que detalla varios aspectos de deterioro en las políticas públicas de salud, ya fue entregado a las autoridades paraguayas junto con diversas recomendaciones.
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Una de las principales recomendaciones es aumentar el presupuesto destinado a la salud hasta alcanzar el mínimo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, que es del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) local. Actualmente, Paraguay se encuentra entre los países que menos gastan en salud por persona y como porcentaje del PIB, con alrededor del 4% en 2021.
El informe también destaca que, a pesar de tener uno de los niveles más bajos de gasto público en América Latina, Paraguay destina casi el 4% de todo el gasto público en salud a subsidiar el seguro médico privado de sus funcionarios públicos. Este monto es 10 veces mayor que lo presupuestado para la Dirección General de Beneficencia Pública, organismo encargado de atender a grupos vulnerables.
Mariluz Martin, investigadora de Amnistía Internacional, explicó que uno de los aspectos analizados fue la evolución, o más bien involución, de las Unidades de Salud Familiar (USF) creadas en 2008 durante el gobierno de Fernando Lugo. Entre 2008 y 2012, se crearon 704 USF, pero desde 2013 hasta 2022, hubo una desaceleración y precarización de esta estrategia, con solo 200 USF adicionales creadas. Actualmente, solo el 35% de la población tiene cobertura por las USF.
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Además, el informe señala que no se alcanzó la meta de que al menos el 70% de los profesionales de Atención Primaria reciban capacitación sostenida con enfoque intercultural, y que cerca del 50% de la fuerza laboral en el sector de atención primaria proviene de sus propias comunidades.
Amnistía Internacional espera que el Gobierno tenga en cuenta el informe brindado a la hora de plantear el presupuesto para el área de salud, así como los planes futuros de mejoras en servicio, infraestructura y medicamentos. El documento pone de relieve la necesidad de una mayor inversión y una gestión más eficiente de los recursos para garantizar el acceso equitativo a la salud para toda la población paraguaya.
Fuente: Made in Paraguay.
