La Contraloría General de la República (CGR) ha concluido, tras un análisis documental, que existe correspondencia entre los ingresos y egresos de la fiscala Katia Uemura, cuyo esposo, el abogado Daniel Montenegro Menezes, está procesado como presunto colaborador del clan Pavao. La investigación surgió a raíz de publicaciones periodísticas que evidenciaban un ostentoso nivel de vida de la pareja.
Según Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, el periodo analizado comprende desde 2008 hasta 2019, teniendo en cuenta que la fiscala contrajo matrimonio sin separación de bienes en 2012 hasta 2016, cuando declaró haber disuelto la comunidad conyugal. El análisis reveló que la pareja tuvo ingresos por cerca de G. 5.850 millones durante los 11 años, promediando poco menos de G. 41 millones mensuales.
Lea más: Fiscala Uemura en la mira del JEM por lazos con narcotráfico
En cuanto a los inmuebles no declarados por la fiscala, la Contraloría corroboró mediante los Registros Públicos que estos fueron adquiridos por su marido antes de contraer matrimonio, por lo que Uemura no estaba obligada a declararlos. Torres destacó que esta era la observación más relevante y que con la documentación presentada, la fiscala levantó la mayoría de las observaciones.
La Contraloría General, luego de analizar tres declaraciones juradas de bienes y rentas, concluyó que existe correspondencia entre los ingresos y egresos de la fiscala de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura https://t.co/biwTk75NtR pic.twitter.com/Tseo1n2Uj7
— El Observador (@observapy) May 7, 2024
Para el análisis, se consideraron los ingresos de la fiscala hasta 2012, año en que contrajo matrimonio, y desde entonces hasta 2016 se sumaron los ingresos de su marido. Torres señaló que durante ese período no se compró ningún inmueble, pero se verificó que el esposo tenía facturaciones muy grandes según los registros de la SET.
Lea también: Contraloría va indagar patrimonio de fiscala Uemura
A pesar de las conclusiones de la Contraloría, Torres aclaró que este análisis no es vinculante para el Ministerio Público en caso de que se investigue el origen de los bienes de la fiscala. La CGR realiza un análisis documental, pero existen otros mecanismos legales que el Ministerio Público puede utilizar para profundizar en la investigación.
Fuente: ABC Color
