Ramón Jiménez Gaona. Foto: Ñandutí.
La audiencia preliminar programada para este martes ante el juez Humberto Otazú, en el marco del caso Metrobús, fue suspendida debido a la falta de resolución por parte de la Cámara respecto al recurso de apelación interpuesto por la defensa del exministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, en contra de la admisión de la acusación.
Los abogados defensores argumentaron la existencia de una acción de inconstitucionalidad pendiente ante la Corte Suprema de Justicia, motivo por el cual presentaron un recurso de reposición con apelación en subsidio. Sin embargo, este argumento ya había sido desestimado por el magistrado el pasado 26 de abril.
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Al momento de resolver el recurso, el juez se basó en lo establecido por el artículo 559 del Código Procesal Civil (CPC), que establece que la interposición de la acción tendrá efecto suspensivo únicamente cuando se trate de sentencias definitivas o interlocutorias con fuerza de tal. En los demás casos, no tendrá ese efecto, a menos que la Corte Suprema así lo disponga a petición de parte. El magistrado señaló que los autos interlocutorios impugnados mediante la acción de inconstitucionalidad no poseen la fuerza de una sentencia definitiva y que tampoco existe una medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo que consideró improcedente el pedido de la defensa y lo calificó como un mero intento dilatorio.
Con el propósito de dar trámite a la apelación subsidiaria, los autos fueron remitidos al Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, Andrea Vera Aldana y Arnulfo Arias. La resolución de este tribunal se encuentra pendiente, lo que imposibilitó la realización de la audiencia que determinaría si la causa es elevada o no a juicio oral.
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Ramón Jiménez Gaona enfrenta acusaciones por el delito de lesión de confianza, junto al exgerente del malogrado proyecto del Metrobús, Guillermo Elpidio Alcaraz Reinsinger, y la exviceministra de Administración y Finanzas del MOPC, Marta Regina Benítez Morínigo. De acuerdo con la acusación, estas personas habrían ocasionado un perjuicio al Estado paraguayo por un monto de G. 180.000 millones.
La suspensión de la audiencia preliminar genera incertidumbre sobre el avance del proceso judicial en torno al caso Metrobús, un proyecto que ha estado envuelto en controversias y acusaciones de corrupción.
Fuente: El Observador.
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