Según un informe presentado este lunes por la asociación especializada In Género, una gran proporción de las personas en situación de prostitución en España provienen de distintos países de América Latina. El estudio, basado en más de 4.500 cuestionarios, estima que en el país ibérico hay entre 25.000 y 30.000 personas, principalmente mujeres, ejerciendo la prostitución en alrededor de 800 prostíbulos, 2.500 pisos y 50 lugares de calle.
La asociación In Género, dedicada a la atención de víctimas de trata, explotación sexual y personas en situación de prostitución, reveló que la mayoría de las personas atendidas en 2023 tenían edades comprendidas entre los 23 y los 42 años (76,8%), seguidas por aquellas entre 43 y 79 años (18%) y entre 18 y 22 años (5,2%), siendo la media de edad de 35 años.
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El estudio también destacó que una amplia mayoría de las personas atendidas eran de origen extranjero, con una notable presencia de colombianas (29,1%), paraguayas (15,5%), dominicanas (13,4%), venezolanas (7,8%), rumanas (7%), brasileñas (6%), ecuatorianas (3,3%), peruanas (2,5%) y cubanas (1,9%). Solamente el 4,5% eran de nacionalidad española.
En cuanto a la situación administrativa, el 36,9% de las personas se encontraba en condición irregular, mientras que el 53,7% tenía una situación regular. Un 2,7% contaba con visado turístico y el 6,7% se hallaba en proceso de tramitación de su documentación.
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Un dato alarmante que arroja el informe es que el 63,2% de las personas atendidas afirmó haber llegado a España con un objetivo distinto al de la prostitución, mientras que el 36,8% restante sí tenía conocimiento de que se dedicaría a ello. Las fuerzas de seguridad informan reiteradamente sobre casos de mujeres en situación de vulnerabilidad en países latinoamericanos que son captadas con engaños de un trabajo y posteriormente sometidas a explotación sexual.
El tiempo de permanencia en contextos de prostitución varía entre las personas atendidas: el 40% lleva menos de un año, el 21,5% entre uno y tres años, el 13,3% entre cinco y 10 años, y un 12% más de una década. Más del 95% de estas personas tienen cargas familiares y alrededor de un tercio recurrió a los servicios sociales, mientras que un preocupante 47,8% ni siquiera tiene conocimiento de ellos.
Fuente: ABC.
