Óscar González y Santiago Peña. Presidencia de la República.
El gobierno de Santiago Peña se encuentra inmerso en un proceso de militarización silenciosa. Las Fuerzas Militares, encabezadas por sus comandantes, han redactado un borrador para reformar las leyes de Defensa y brindar respaldo legal definitivo al despliegue de tropas en departamentos azotados por el narcotráfico y el crimen organizado, como Alto Paraná e Itapúa.
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Según confirmó el ministro de Defensa, Óscar González, el borrador ya fue entregado al presidente Peña para su consideración. “Nosotros no podemos quedarnos sentados mirando desde nuestros cuarteles cómo la delincuencia avanza. Este fin de semana, con los diferentes comandantes, hicimos un borrador que ya fue entregado al presidente para su consideración. Incorpora todos los ajustes legales y de presupuesto”, reveló González.
Esta iniciativa evoca los intentos fallidos del expresidente Horacio Cartes en 2018, cuando buscó reformar las leyes militares para incorporar al Ministerio de Defensa en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, aunque su propuesta fue considerada inconstitucional por el Congreso.
Pero la amenaza del narcotráfico, tipificado como “terrorismo” por el gobierno, encuentra a las Fuerzas Militares obsoletas y sin presupuesto adecuado. Por ello, Peña está interesado en adquirir radares a Argentina por 100 millones de dólares y cerrar la oferta de Lula da Silva para la compra de seis aviones de combate Súper Tucanos de Embraer, incluyendo capacitación de pilotos y mantenimiento.
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“Puedo definir con una palabra cómo estamos en las conversaciones: potaité. Estamos ahí. Con el presidente somos muy celosos por cada guaraní que se va a invertir en armamento y por eso perdemos tanto tiempo en definir las compras”, explicó González, reconociendo la demanda de mayor seguridad, pero advirtiendo sobre los costos que implica el despliegue de fuerzas.
Esta militarización encuentra sustento en la hoja de ruta elaborada por la administración Biden, que considera a Paraguay como un centro de distribución regional de drogas y armas.
Además, Argentina y Brasil presionan a Peña para asumir un rol activo en la lucha contra la corrupción y las actividades ilícitas en la Triple Frontera, donde operan poderosas organizaciones del crimen organizado.
Fuente: LPO
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