El Procurador General de la República, Marco Aurelio González, se ha pronunciado sobre la delicada situación financiera que atraviesa la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco). En una entrevista con ABC Cardinal, González detalló las gestiones que se están llevando a cabo para buscar soluciones a la crisis que afecta a la estatal.
Según el Procurador, la Procuraduría está brindando apoyo jurídico al presidente de Copaco, Óscar Stark, en la búsqueda de alternativas financieras para solventar la situación. Además, se está manteniendo un diálogo abierto con los sindicatos de funcionarios, ya que cualquier inyección de capital, ya sea a través de inversiones privadas o fondos gubernamentales, requerirá ajustes en los contratos colectivos con los trabajadores.
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En cuanto a la posibilidad de declarar la quiebra de la empresa de telefonía Vox, propiedad de Copaco, debido a una deuda impaga de 100.000 dólares por el alquiler de un terreno, González expresó que, a su juicio, no se cumplen los requisitos necesarios para proceder con dicha medida. La Copaco ha solicitado apoyo extraoficial a la Procuraduría en este asunto.
El procurador general de la República afirmó que existe un pedido de quiebra para Vox y que la Copaco podría seguir el mismo camino. «Nosotros seguimos analizando los expedientes, creemos que no se reúnen aún las condiciones para la declaración de quiebra», aseguró… pic.twitter.com/GccVrnsCTc
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) May 2, 2024
Por otro lado, el Procurador también abordó el litigio entre el Estado paraguayo y la empresa portuguesa Mota Engil, relacionado con la fallida construcción de obras del proyecto Metrobús. La Procuraduría presentó un recurso de nulidad contra un laudo arbitral que favorecía a la empresa y obligaba a Paraguay a pagarle aproximadamente 16 millones de dólares. González estimó que, si no surgen nuevos incidentes, el caso debería resolverse este año.
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En relación a la recuperación de tierras públicas ilegalmente ocupadas en Villa Hayes, el Procurador informó que hasta el momento se han recibido las “llaves” de siete propiedades construidas en un terreno perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional. Estos siete terrenos representan alrededor del 50% de las tierras ocupadas ilegalmente por políticos y empresarios. Sin embargo, los demás ocupantes continúan litigando.
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La Procuraduría General de la República está trabajando activamente en estos casos de gran relevancia para el país, buscando salvaguardar los intereses del Estado y encontrar soluciones legales a los conflictos que se presentan. La situación de Copaco, el litigio con Mota Engil y la recuperación de tierras públicas son asuntos complejos que requieren un abordaje jurídico minucioso y estratégico.
Fuente: ABC Color
