Imagen: RDN
En Paraguay, una sombra de silencio se cierne sobre el periodismo. Bajo el manto de leyes diseñadas para proteger a las mujeres de la violencia, figuras públicas y autoridades han encontrado una herramienta para acallar voces críticas.
A pesar de que el fallo que restituye la libertad de expresión de Christian Chena y el portal informativo RDN representa un triunfo significativo, es crucial reconocer que este es apenas uno de los numerosos casos de censura que persisten en el país.
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La revocación de la sentencia que silenció a Chena y a su medio de comunicación, censurados debido a una denuncia de Gisele Mousques, esposa del asesor cartista Darío Filártiga quien fuera presidente de IPS destituído por hechos de corrupción, marca un paso adelante en la defensa de este derecho fundamental, pero aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que todas las voces críticas puedan expresarse sin temor a represalias legales.
Este logro no debe distraernos del hecho de que muchos otros periodistas y medios continúan enfrentando restricciones y presiones que socavan su capacidad para informar y cuestionar el poder. Es necesario que la sociedad y las instituciones se mantengan vigilantes y comprometidas en la lucha contra la censura, para que este caso emblemático no sea una excepción, sino el comienzo de un cambio duradero a favor de la libertad de expresión en Paraguay.
Casos como los de Mabel Portillo, Alfredo Guachiré, Fredy Chamorro y otros, revelan un patrón preocupante: denuncias por violencia de género utilizadas para censurar a quienes cuestionan el poder.
Caso Mabel Portilllo
Mabel Portillo, periodista que investigaba la gestión de fondos municipales por parte de la intendenta Gloria Duarte, se vio envuelta en una batalla legal tras publicar sus hallazgos. La intendenta presentó una denuncia por violencia psicológica, amparándose en la Ley 5777/16. El resultado fue un fallo que no solo favoreció a Duarte, sino que también prohibió a Portillo comunicarse con ella, coartando así su labor periodística.
Alfredo Guachiré
Por su parte, Alfredo Guachiré y el medio “El Independiente” enfrentaron una situación similar después de denunciar una presunta apropiación y estafa por parte del entonces presidente de ESSAP, Natalicio Chase, y su esposa, Celia Galli. Una denuncia por violencia contra la mujer derivó en la eliminación del artículo a través del cual se exponían las irregularidades, marcando un momento delicado para la libertad de expresión en el país.
Fredy Chamorro
El caso de Fredy Chamorro y sus colegas no es diferente. Tras revelar irregularidades en la gestión del Hospital distrital de Tomas Romero Pereira, la directora Claudia Vega los denunció por acoso y amenazas. Las medidas cautelares impuestas por la jueza Vilma Saucedo Cardozo resultaron en restricciones y censura para los periodistas.
Estos casos ponen de manifiesto la tensión entre la ley 5777/16 y la libertad de expresión. Si bien esta legislación representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género, su aplicación en estos casos plantea cuestionamientos sobre su uso para censurar puntos de vista críticos de sectores poderosos.
Derecho humano fundamental
Es fundamental recordar que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que permite a cada persona expresar sus ideas sin miedo a represalias. Este principio es esencial en las sociedades democráticas, fomentando el debate público y el progreso social. Aunque no es un derecho absoluto, cualquier restricción debe cumplir con requisitos específicos, como el test tripartito, para ser considerada legítima.
Los requisitos fundamentales para cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe cumplir este test, bajo la premisa de que la misma debe cumplir el principio de legalidad, finalidad imperativa, necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida, garantías judiciales y cumplimiento del debido proceso.
Tipos de discursos protegidos
Además, la doctrina interamericana identifica tres tipos de discurso especialmente protegidos: el político, sobre asuntos de interés público y sobre figuras públicas. Las expresiones dirigidas a funcionarios públicos o personas voluntariamente implicadas en asuntos públicos están sujetas a un mayor umbral de tolerancia ante la crítica, ya que el escrutinio público funciona como un mecanismo de rendición de cuentas.
En los casos analizados, se observa que no se aplicó adecuadamente el test tripartito para evaluar la legitimidad de las restricciones a la libertad de expresión. Esta falencia en el análisis jurídico socava la capacidad de los periodistas para informar sobre asuntos de interés público y menoscaba el derecho del público a acceder a información veraz y relevante.
Es crucial que los tribunales promuevan un entorno propicio para el ejercicio independiente del periodismo, evitando cualquier forma de intimidación legal que pueda coartar este derecho fundamental. La preservación de un ambiente donde la crítica y el debate puedan florecer es vital para mantener una sociedad democrática informada y participativa.
Conclusiones
En última instancia, se requiere un análisis detallado de cada caso para aplicar la ley 5777/16 y la ley 1600/00 en consonancia con la Convención Americana y la Constitución. Es imperativo equilibrar la protección de los derechos individuales con la promoción de la igualdad de género y el respeto a la libertad de expresión en las políticas públicas.
Estos casos preocupantes en Paraguay, no solo evidencian el uso indebido de leyes de protección a la mujer para silenciar a periodistas críticos, sino que también ponen de relieve la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia. La justicia debe actuar con diligencia y apego a los principios constitucionales e internacionales para garantizar que la protección no se convierta en un instrumento de represión.
Solo mediante un compromiso inquebrantable con la libertad de expresión y el debido proceso legal podremos construir una sociedad más justa, igualitaria y transparente. Es hora de que las voces críticas sean escuchadas y respetadas, y que la lucha contra la violencia de género no se vea empañada por el abuso de poder y la censura. El futuro de la democracia en Paraguay depende de ello.
Fuente: TEDIC
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