La fiscal Liz Cowan presentó su oposición a las salidas transitorias de César Amílcar Bejarano, quien fue condenado en 2015 a 12 años de cárcel por el vaciamiento de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la entidad Binacional Itaipú (CAJUBI). En su dictamen, la agente fiscal concluyó que Bejarano no reúne las condiciones que garanticen el cumplimiento de las reglas de conducta y la no reincidencia en hechos punibles similares.
A pesar de que Bejarano, de 81 años, está habilitado para solicitar la libertad condicional desde diciembre de 2023, el Juzgado Penal de Ejecución 4 resolvió no hacer lugar a su pedido mediante el AI Nº 505 del 12 de abril 2024. La defensa del condenado recurrió esta resolución con el objetivo de obtener salidas transitorias, ya que Bejarano se encuentra cumpliendo su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria.
En su contestación, la fiscal Cowan destacó que Bejarano fue condenado por lesión de confianza al haber sido parte del consejo de administración de CAJUBI. Durante su gestión, se compraron fondos de inversión en el extranjero por montos millonarios, sin generar ganancias ni restituir el importe, lo que causó un perjuicio considerable al Estado paraguayo y a todos los ciudadanos. Además, la fiscal señaló que el condenado no ha demostrado arrepentimiento ni ha devuelto lo sustraído hasta la fecha.
Los informes psicológicos y entrevistas realizadas a Bejarano revelan que en varias oportunidades se declaró inocente y que fue incauto, lo que demuestra que no dimensiona el daño causado y no ha desarrollado un sentimiento de arrepentimiento. A pesar de su condena, el acusado nunca estuvo en una penitenciaría debido a su estado de salud, siendo beneficiado con la prisión domiciliaria. Sin embargo, 15 evaluaciones médicas concluyeron que no padece ninguna enfermedad terminal ni grave, y aun así ya fue beneficiado con salidas especiales sin reunir los requisitos.
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La fiscal Cowan concluyó que Bejarano no reúne las condiciones que garanticen el cumplimiento de las reglas de conducta y la no reincidencia en hechos punibles similares, por lo que rechazó la solicitud de libertad condicional. El condenado formó parte del Consejo de Administración de CAJUBI, donde por unanimidad decidieron tomar el capital de la Caja para comprar fondos de inversión en CANDA por un valor de 14.499.000 dólares canadienses, utilizando cuentas bancarias que actuaban como prestamistas no residentes. Esta maniobra causó un perjuicio multimillonario a la entidad, ya que nunca se obtuvieron ganancias ni se devolvió el dinero.
Fuente: El Observador
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