Rubén Roussillón. Foto: X MOPC.
El reciente sobreseimiento del diputado Rubén Roussillón en el caso de perjuicio a la Gobernación de Presidente Hayes ha generado cuestionamientos debido a irregularidades en el proceso judicial. En el Auto Interlocutorio Nº 167 del 22 de abril, el juez Roberto Ferreira decidió sobreseer definitivamente a Roussillón, acusado de complicidad en un perjuicio de G. 42.000 a la institución durante la gestión del exgobernador Oscar Núñez.
Sin embargo, el magistrado habría violado el artículo 353 del Código Procesal Penal al valorar pruebas a favor del acusado durante la audiencia preliminar, atribuyéndose funciones propias de un Tribunal de Sentencia. En su resolución, el juez Ferreira afirmó que los 41 cheques cobrados por Roussillón en el Banco Nacional de Fomento (BNF), por un monto de G. 793 millones, estaban “plenamente justificados y respaldados” con documentos presentados por el propio legislador, eximiéndolo de cualquier delito o complicidad.
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La acusación del Ministerio Público sostiene que Roussillón endosó y cobró cheques emitidos por la Gobernación de Presidente Hayes sin una contraprestación justificada. No obstante, el juez Ferreira consideró que la provisión de combustible, lubricantes y afines por parte de las estaciones de servicio “Don Atilio 1” y “Don Atilio 2”, de las cuales Roussillón era gerente, respaldaba los cobros realizados.
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Llama la atención que los cheques efectivizados por Roussillón fueron emitidos a favor de diversas entidades, como clubes deportivos, la Comisión Organizadora de Corsos Chaqueños y personas físicas, en lugar de estar a nombre del propio legislador o de las estaciones de servicio que supuestamente proveían el combustible a la Gobernación. Estas inconsistencias generan dudas sobre la resolución dictada por el juez Ferreira.
Durante la audiencia preliminar, Roussillón declaró que su empresa, R.B Sociedad Anónima, era propietaria de las estaciones de servicio Copetrol en Villa Hayes y Benjamín Aceval, y que la Gobernación de Presidente Hayes era cliente de estas. Afirmó que los pagos recibidos correspondían a la contraprestación por el combustible y derivados entregados.
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Un dato relevante es que, durante el período en que Roussillón cobraba los 41 cheques, su esposa, Nancy Núñez, se desempeñaba como secretaria de Administración y Finanzas de la Gobernación. Ella firmó 32 de los cheques en cuestión y posteriormente fue condenada a 5 años de cárcel en el mismo caso por el que el exgobernador Oscar Núñez recibió una sentencia de 11 años de prisión.
Fuente: El Observador
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