La organización Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el país y el mundo, con graves alertas sobre las graves amenazas.
La organización Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y el capítulo dedicado a Paraguay revela datos alarmantes. Rosalía Vega, Directora Ejecutiva, y María Teresa Añazco, Presidenta de Amnistía Internacional Paraguay, destacaron las diversas amenazas y hechos graves ocurridos durante el período 2023/24.
Entre las observaciones más preocupantes, el informe señala los 45 casos de feminicidios registrados en el último año y los 326 casos de niñas obligadas a dar a luz en diferentes circunstancias. Según los datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se registraron 8.900 alumbramientos de adolescentes de entre 15 y 19 años, de las cuales 593 eran indígenas, y 326 casos de alumbramientos de niñas de entre 10 y 14 años, de las cuales 85 eran indígenas.
Respecto a los asesinatos de mujeres, el Ministerio de la Mujer registró 45 feminicidios y 42 intentos de feminicidio en 2023. En algunos casos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores y se habían tomado medidas judiciales de protección, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección.
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El informe de Amnistía Internacional también aborda otras violaciones de derechos humanos en Paraguay. Se menciona la condena del Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jorge Luis López Sosa, quien fue sometido a detención arbitraria y tortura en el año 2000. Asimismo, se destaca el caso de Miguel Ángel Correa, víctima de detención arbitraria y tortura en el marco de la masacre de Curuguaty, quien denunció ante el Comité de la ONU contra la Tortura la pasividad de la Fiscalía para presentar cargos contra los presuntos autores.
La Fiscalía tampoco ha notificado avances en la identificación de los responsables de la tortura y los malos tratos infligidos a 35 personas en la base naval de Ciudad del Este en 2020. Otro punto subrayado son las quejas y actuaciones judiciales por parte de pacientes, especialmente de oncología, debido a la insuficiencia de recursos del sistema sanitario público.
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, el informe resalta la situación de la comunidad Tekoha Sauce del Pueblo Avá Guaraní Paranaense, que sigue esperando la restitución de su territorio ancestral, usurpado por la empresa de energía hidroeléctrica Itaipú Binacional. Además, se mencionan las invasiones de grupos armados no estatales en el territorio Tekoha Guasu Yvy Pyte, considerado sagrado por el pueblo Pai Tavytera, y las denuncias de talas ilegales y amenazas de muerte.
El informe también señala la exposición alarmante de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas a sustancias tóxicas debido al uso sin control de productos agroquímicos, así como las barreras para acceder a la justicia ambiental.
Además, se denuncia la persistencia de la discriminación y la apología del odio contra la población LGBTI, así como el rechazo de demandas presentadas por personas transgénero que exigían el reconocimiento jurídico de sus nombres conforme a su identidad de género.
Fuente: Made in Paraguay
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