La violencia en las cárceles paraguayas vuelve a ser noticia tras un motín en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero, que dejó un saldo de cuatro muertos y cuatro heridos, y un intento de fuga en la cárcel de Ciudad del Este. Estos incidentes ponen en tela de juicio el plan del ministro de Justicia, Ángel Barchini, para acabar con los clanes que controlan el sistema penitenciario.
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El enfrentamiento en Pedro Juan Caballero se produjo entre miembros del Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela, dos facciones criminales que luchan por el dominio de las cárceles. Por otro lado, en Ciudad del Este, se descubrió un boquete en la pared de un baño controlado por el PCC, evidenciando la ausencia del Estado en áreas dominadas por grupos delictivos.
Estos sucesos revelan que, a pesar del éxito del Operativo Veneratio en recuperar el control de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, el traslado masivo de 700 internos a otros centros penitenciarios se realizó de manera poco planificada. Las cárceles receptoras ya sufrían de hacinamiento, como es el caso de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, que alberga a casi 1.400 personas en un espacio diseñado para 920.
El comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) critica la distribución de los internos realizada por el Ministerio de Justicia, calificándola de “poco criteriosa, poco técnica y sin mirada criminológica”. Esta situación ha exacerbado las tensiones entre las facciones rivales que pugnan por el poder dentro de las prisiones.
La falta de políticas penitenciarias que garanticen condiciones dignas de encierro y la corrupción imperante han permitido el fortalecimiento de los clanes criminales. Ante la ausencia de derechos fundamentales, los presos buscan en estos grupos la garantía de condiciones mínimas de vida.
Los intentos de fuga, como el de Ciudad del Este, también están relacionados con la precariedad del sistema carcelario, que ni siquiera puede asegurar una alimentación adecuada para todos los internos.
El nombramiento de personas sin la preparación necesaria para administrar las penitenciarías, con el fin de pagar favores políticos, agrava aún más la situación. Durante un acto de incorporación de nuevos efectivos al Grupo Lince, el presidente Santiago Peña se dirigió al comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, expresando su insatisfacción con los resultados obtenidos y exigiendo un mayor esfuerzo para garantizar la seguridad de los paraguayos.
El gobierno debe tomar medidas urgentes para hacer frente a la crisis en el sistema penitenciario. Es necesario implementar políticas que aborden el hacinamiento, mejoren las condiciones de vida de los internos y combatan la corrupción. Solo así se podrá debilitar el poder de los clanes criminales y recuperar el control de las cárceles. De lo contrario, la violencia y la inestabilidad seguirán siendo una constante en las prisiones.
Fuente: LPO
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