Jorge Bogarín Alfonso. X
La Cooperativa de Funcionarios Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (Cofudep) se encuentra en el centro de la polémica tras las denuncias de socios que sospechan que Jorge Bogarín Alfonso, extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, utilizó la entidad para lavar dinero y financiar sus campañas políticas.
Bogarín, quien ha sido declarado “significativamente corrupto” por la administración Biden, está bajo la lupa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público desde marzo de 2023 debido a inconsistencias en sus declaraciones juradas.
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Los recientes incidentes durante la suspendida elección de autoridades de Cofudep, que incluyeron la agresión de Bogarín a un miembro del Tribunal Electoral Independiente (TEI), han levantado sospechas entre algunos socios sobre el interés del exfuncionario en mantener el control de la cooperativa y la posibilidad de un manejo discrecional de más de 2 millones de dólares.
Este esquema de caja paralela por parte de dirigentes políticos para lavar dinero a través de cooperativas no es un caso aislado, como lo demuestra la investigación al senador Erico Galeano por el retiro de préstamos por más de G. 40.817 millones entre 2016 y 2022.
Bogarín, quien es integrante del Consejo de Administración de Cofudep hasta 2025, intentó copar la cooperativa en las elecciones previstas para el 13 de abril con un equipo afín a sus intereses.
Sin embargo, tras la negativa del TEI para incluir a sus candidatos y la posterior suspensión de las elecciones por parte de un Tribunal Electoral de la Capital, los socios buscan evitar la partidización de la votación y limitar la influencia de Bogarín debido a sus antecedentes en el JEM y el Consejo de la Magistratura.
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En medio de esta situación, los socios aguardan la intervención del Canciller Rubén Ramírez Lezcano, quien tiene en sus manos la posibilidad de bloquear la principal fuente de ingresos de la cooperativa mediante la firma de un convenio de compra de deuda por parte del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Este acuerdo, impulsado por la Coordinadora Colorada opositora al equipo de Bogarín, permitiría sanear la cartera de crédito de los funcionarios y liberarlos de los cobros compulsivos con altas tasas de interés.
La intervención del Canciller Lezcano podría ser clave para frenar las actividades de Bogarín en Cofudep mientras las autoridades del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Seprelad y el Ministerio Público investigan a fondo los manejos del exfuncionario.
Los socios de la cooperativa esperan que se esclarezcan las denuncias y se tomen medidas para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de la entidad, libre de intereses políticos y posibles actividades ilícitas.
Fuente: LPO
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