El juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, apercibió a su colega de Asunción, Lici Sánchez, con remitir sus antecedentes a la Fiscalía para que sea procesada por desacato. Esta advertencia se produce en el contexto de un proceso civil relacionado con el remate de una narco estancia incautada y entregada a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para su administración.
La propiedad en cuestión, tasada en USD 8 millones, estaría vinculada a Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, un conocido líder del narcotráfico detenido en Brasil. Sin embargo, en una subasta pública llevada a cabo por el magistrado, la empresa Grupo Paraná se adjudicó el valioso inmueble por un crédito de G. 1.500 millones con la firma de fachada Biocombustible SA o Gilberto Suárez, presunto testaferro de Cabeza Branca. Ante esta situación, Senabico busca la nulidad del remate.
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La controversia entre los jueces surgió a raíz de un oficio remitido por el juez Sánchez Zaracho a su colega Lici Sánchez el pasado 15 de abril. En dicho documento, el magistrado de Capitán Bado expresó su descontento con la respuesta brindada por la jueza en relación al oficio Nº 81, correspondiente al expediente “Luiz Carlos Da Rocha y otros s/Lavado de dinero, asociación criminal, tráfico ilícito y delitos conexos”.
Según el escrito, el informe requerido no cumplía con lo solicitado y se advertía que, en caso de persistir en realizar connotaciones distintas a las requeridas, se comunicaría a la Corte Suprema de Justicia, como ya había ocurrido anteriormente. El juez Sánchez Zaracho enfatizó el deber de colaborar con la Justicia y calificó como llamativo y en contravención al artículo 257 de la Constitución Nacional la falta de precisión en la respuesta de la actuaria judicial.
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Asimismo, el magistrado de Capitán Bado reiteró su posición de que se deben brindar todos los datos solicitados en el oficio, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 4711, que establece el delito de desacato de orden judicial. En este sentido, advirtió a su colega que, de no cumplir con lo requerido, enviará sus antecedentes a la Fiscalía para que sea procesada.
Cabe destacar que el juez Sánchez Zaracho vino solicitando informes a la magistrada Lici Sánchez desde hace un tiempo, considerando que ella tenía a su cargo el proceso a los presuntos testaferros de Cabeza Branca, incluyendo al supuesto deudor y presunto prestanombre, Gilberto Suárez. Sin embargo, la jueza ya elevó la causa a juicio oral.
La subasta pública de la estancia “La Nelly”, realizada el 8 de noviembre de 2023 y aprobada por el juez Ariel Sánchez Zaracho 20 días después, generó controversia debido a la discrepancia entre el valor tasado del inmueble (más de G. 56.000 millones o aproximadamente USD 8 millones) y el monto por el cual fue adjudicado a Grupo Paraná (G. 1.500 millones). La Senabico, al enterarse de la subasta a través de gestiones realizadas por la empresa adjudicada ante la Dirección de Catastro, busca la nulidad del remate alegando irregularidades en el proceso y la falta de notificación por parte del Poder Judicial.
Fuente: El Observador.
