Tomás Fidelino Rivas (centro), exdiputado cartista acusado de estafa por el caso de sus “caseros de oro”. Archivo, ABC Color
Un Tribunal de Sentencias de la Capital resolvió el sobreseimiento definitivo del exdiputado colorado Tomás Rivas en el marco del juicio por el supuesto hecho punible de estafa en el caso conocido como “caseros de oro”. Los jueces validaron un acuerdo que el exlegislador había firmado con el actual vicepresidente Pedro Alliana y resolvieron extinguir la acción penal.
El Tribunal, presidido por Laura Ocampos y conformado por Fabián Weisensee y Darío Báez, decretó por unanimidad el sobreseimiento definitivo de Rivas en la etapa incidental del proceso, sin llegar a un juicio propiamente dicho. Esta no es la primera vez que el exdiputado es “blanqueado” en este caso, ya que ocurrió lo mismo en un intento de juicio en 2021.
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Los jueces dieron por válido el acuerdo firmado el 22 de noviembre de 2021 entre Tomás Rivas y Pedro Alliana, entonces presidente de la Cámara de Diputados. En dicho acuerdo, Rivas se comprometió a reintegrar G. 121.208.000 a Diputados y depositar G. 47.000.000 en beneficio del Ministerio de Educación como reparación del daño social.
El caso de los “caseros de oro” surgió en 2018, cuando Rivas fue imputado después de que una investigación periodística demostrara que tres empleados particulares suyos estaban asalariados en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en diciembre de 2021, otro tribunal decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo alegando que no hubo perjuicio patrimonial contra Diputados.
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En aquella ocasión, el presidente del tribunal citó un supuesto acuerdo entre Rivas y el entonces procurador general de la República, Juan Caballero González, quien habría afirmado que el Legislativo no sufrió daño patrimonial por los “caseros de oro”.
Organizaciones de la sociedad civil y expertos en transparencia han cuestionado estos sobreseimientos y acuerdos, señalando la necesidad de un debido proceso y un esclarecimiento completo de los hechos para determinar si hubo o no delitos en torno a la contratación irregular de personal en la Cámara de Diputados.
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