La abogada Alejandra Peralta Merlo presentó un amparo en contra de dos senadores cartistas. Foto: Gentileza
La abogada Alejandra Peralta presentó un amparo constitucional contra los senadores Basilio “Bachi” Núñez y Norma Aquino (Yami Nal), exigiendo el desbloqueo de sus cuentas en redes sociales. Peralta alega censura y limitación al acceso a información pública de interés ciudadano por parte de los parlamentarios.
En su escrito, la accionante explica que, en el carácter de servidores públicos, los parlamentarios difunden información pública y de interés ciudadano a través de sus redes sociales. Sin embargo, ella fue bloqueada por Aquino el 22 de febrero de 2023 y por Núñez al día siguiente, impidiéndole acceder a dicha información.
Peralta sostiene que estos hechos lesionan principios básicos de la democracia consagrados en la Constitución Nacional, como la libertad de expresión y de prensa, el derecho a informarse, el derecho a peticionar a las autoridades y la igualdad de las personas.
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La profesional cita antecedentes jurídicos internacionales, como lo resuelto por la Segunda Sala de la Corte Suprema de México, donde se estableció que los servidores públicos no pueden tener bloqueadas sus redes, y un dictamen de la Contraloría General de Chile que indica que si una cuenta personal es utilizada para comunicar información de interés nacional, la persona quedará impedida de bloquear usuarios.
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“Al respecto, el Tribunal Interamericano ha establecido que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, ‘es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática’, en ese sentido, este derecho no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población”, menciona Peralta.
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Por tales motivos, la abogada solicita en carácter de medida urgente el levantamiento del bloqueo, advirtiendo que “de ser necesario llegaremos hasta las últimas instancias para fijar estándares importantísimos para Paraguay en la protección de la libertad de expresión y el acceso a información pública en redes sociales cuando se trata de altas autoridades públicas”.
Fuente: El Observador
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