Se reveló que en una reunión reciente, las demandas de los universitarios opuestos a la Ley Hambre Cero fueron validadas por Federico Mora, viceministro de Educación Superior. El funcionario describió el evento como una catarsis significativa, donde se expusieron preocupaciones legítimas respecto a la eliminación del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el impacto en diversos programas educativos y de salud.
Los estudiantes, quienes se movilizaron en contra de esta ley, reclamaron la protección de iniciativas críticas como Prociencia y Becal, además de proyectos en otros sectores afectados por los recortes presupuestarios. El viceministro afirmó el compromiso del Gobierno de establecer mesas de diálogo para transformar estas demandas en propuestas legislativas concretas.
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En el contexto educativo, se destacó la ausencia de un plan nacional de educación superior en Paraguay, situación que el Gobierno busca remediar mediante el desarrollo de un marco estratégico integral. Este plan buscaría alinear los esfuerzos educativos con las necesidades del país y optimizar los recursos destinados a este sector.
La interacción con los estudiantes fue descrita por Mora como un proceso de aprendizaje para las autoridades, quienes reconocieron que una escucha más temprana podría haber mitigado el conflicto. La reunión fue un espacio para que los estudiantes expresaran su frustración y enojo, generados por declaraciones gubernamentales consideradas inapropiadas durante las semanas de protesta.
Este diálogo directo entre estudiantes y funcionarios fue resaltado como un paso innovador hacia la resolución de conflictos. Se informó que, en respuesta a las conversaciones, todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción planean retomar las clases presenciales, con los estudiantes participando activamente en las futuras mesas de diálogo.
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Además, se discutió la composición de la matrícula universitaria en el país, donde el 70% corresponde a instituciones privadas y solo un 30% a la universidad pública. El viceministro subrayó la importancia de integrar más eficazmente a la universidad pública en el sistema educativo nacional y evaluar adecuadamente los recursos necesarios para la educación superior.
Finalmente, se mencionó que el presidente solicitó un informe detallado sobre la situación y las necesidades de inversión de las universidades públicas. Este documento deberá presentarse en un plazo de 45 días y servirá como base para futuras políticas de financiamiento educativo y proyectos de ley relacionados con la educación superior en el país.
Fuente: ABC.
