Indígenas manifestándose. Foto: Gentileza.
Con motivo de la conmemoración del Día del Aborigen, celebrado este 19 de abril, representantes de comunidades indígenas organizadas, agrupadas en la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), se acercaron al Senado para presentar una propuesta de modificación a la Ley de Pensión de Adultos Mayores. Su objetivo es que el planteamiento sea incorporado a uno de los proyectos de reforma que actualmente se encuentran en curso en el Congreso.
La principal demanda de los grupos indígenas es la reducción de la edad mínima para acceder a las pensiones destinadas a los adultos mayores. Según explicaron, la esperanza de vida promedio de los indígenas es de tan solo 40 años, mientras que la pensión se cobra recién a partir de los 65 años. Esta situación implica que muchos miembros de las comunidades nativas fallecen antes de tener la oportunidad de beneficiarse de este derecho.
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La falta de acceso a servicios de salud adecuados es uno de los factores determinantes que contribuyen a la baja esperanza de vida entre los pueblos originarios. Los elevados costos de los medicamentos y las largas distancias que deben recorrer para llegar a una Unidad de Salud Familiar son obstáculos significativos que impiden a muchos indígenas alcanzar la edad requerida para cobrar la pensión.
Ante esta realidad, los representantes indígenas propusieron la inclusión de un artículo específico en la ley que establezca que los miembros de las comunidades nativas comiencen a percibir su pensión alimentaria de manera automática a partir de los 50 años. El énfasis en la palabra “automática” responde a la problemática actual, donde un 19% de los indígenas que cumplen con la edad requerida no logran acceder al beneficio debido a dificultades relacionadas con la documentación o la falta de trámites necesarios.
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Dionisio Gómez, secretario de Tierra y Territorio de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, señaló otro desafío que enfrentan las comunidades indígenas: la cedulación tardía. En muchos casos, los documentos de identidad de los adultos mayores indígenas no reflejan su edad real, lo que les impide acceder a la pensión aun cuando les correspondería por derecho.
Además de la reducción de la edad mínima, los grupos indígenas plantearon un incremento en el monto de la pensión que actualmente reciben. Propusieron que se eleve del 25% al 50% del salario mínimo legal, destacando que un 66% de las comunidades indígenas se encuentran en situación de pobreza y un 34% en pobreza extrema, lo que resalta la urgencia de fortalecer el apoyo económico a este sector vulnerable de la población.
Fuente: ABC.
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