El senador Gustavo Leite, miembro de la bancada de Honor Colorado.
En el Senado de la República del Paraguay, se ha presentado un proyecto de ley que tiene como objetivo principal regular las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y exigir transparencia en sus gestiones.
La iniciativa, impulsada por el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR,HC), busca ejercer un mayor control sobre estas entidades, especialmente en lo que respecta a su financiamiento proveniente del extranjero.
El senador Gustavo Leite (ANR,HC) ha respaldado la propuesta, argumentando que muchas de estas organizaciones se hacen pasar por ONG, pero en realidad reciben fondos de Estados extranjeros con intereses políticos. Según Leite, estas “infiltraciones irresponsables” representan una amenaza para la soberanía nacional y deben ser reguladas de manera efectiva.
Leite también ha señalado que las ONG han experimentado una transformación significativa desde su concepción original como entidades de beneficencia. En las últimas décadas, muchas de ellas han evolucionado hacia una postura de acción política, ocultando sus verdaderas intenciones y la procedencia de sus recursos financieros. El senador ha enfatizado la necesidad de establecer una diferenciación clara entre las ONG y los partidos políticos, los cuales están sujetos a controles más estrictos.
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En este sentido, Leite ha sugerido que aquellas ONG que deseen participar activamente en la arena política deberían declararse como asociaciones o agrupaciones políticas, en lugar de continuar operando bajo la denominación de organizaciones no gubernamentales. Esta medida permitiría una mayor transparencia y un escrutinio más riguroso de sus actividades.
El proyecto de ley presentado por los senadores también contempla la aplicación de multas millonarias a las ONG que se muestren reacias al control y a la transparencia exigida. Leite ha justificado esta medida, afirmando que “una ley sin penalidad severa es letra muerta”. Además, ha destacado la importancia de establecer sanciones no solo para las organizaciones infractoras, sino también para el Poder Ejecutivo en caso de una ejecución irregular de las multas impuestas.
Ante los cuestionamientos sobre la designación del Ejecutivo como órgano de aplicación de las multas, Leite ha aclarado que no es viable crear un cuarto poder específicamente para esta tarea. Sin embargo, ha enfatizado la necesidad de establecer mecanismos de control y penalización para garantizar la correcta implementación de las sanciones.
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en proceso de revisión por parte de las comisiones pertinentes del Senado. Una vez que se emitan los dictámenes correspondientes, la propuesta será sometida a debate ante el pleno de la cámara alta. De ser aprobada, esta iniciativa podría tener un impacto significativo en la regulación de las ONG y su financiamiento extranjero en el país.
Fuente: ABC Color
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