Tres sindicados de integrar el esquema de coimas liderado, según el Ministerio Público, por la entonces agente fiscal Ana Elizabeth Girala López en la fiscalía de San Lorenzo, fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento. Deberán donar entre 15 y 45 millones de guaraníes cada uno a distintos centros de salud y cumplir ciertas reglas de conducta por el plazo de dos años.
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, atendió el pedido de las defensas y concedió la suspensión condicional del procedimiento para Higinio Duarte Benítez, Alfredo Gustavo Aquino y Yennifer Basilisa Leite Escobar, acusados por el hecho de soborno en el esquema de coimas que habría liderado la propia Ana Girala.
En la audiencia preliminar, los fiscales Diego Arzamendia y María Verónica Valdez se ratificaron en la acusación contra los tres procesados, pero ante el planteamiento de las defensas, se allanaron a la suspensión condicional del procedimiento, argumentando que el hecho de soborno prevé una expectativa de pena de hasta dos años de cárcel.
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Los acusados, al ser interrogados por el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos, aceptaron la comisión del hecho punible de soborno, ofrecieron reparar el daño ocasionado y admitieron las condiciones para el cumplimiento de la suspensión condicional del procedimiento.
[AVANCE] El juez @restigarribiab hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento por 2 años para Yennifer Leite, Higinio Duarte, y Alfredo Aquino, acusados por soborno, los mismos habrían pagado a la fiscal Ana Girala para formular imputaciones. pic.twitter.com/ix1PVf63ww
— El Observador (@observapy) April 17, 2024
En concepto de reparación del daño, el juez impuso a Yennifer Leite el pago de 15 millones de guaraníes al Hospital General Materno Infantil de San Pablo, a Higinio Duarte 45 millones de guaraníes al Policlínico de San Miguel de Villarrica, y a Alfredo Aquino 15 millones de guaraníes al Hospital General Materno Infantil de San Pablo.
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Además, se les impuso la obligación de comparecer trimestralmente al Juzgado de Ejecución, comunicar cambios de domicilio y salidas del país. La imputación inicial los señalaba por presuntamente realizar pagos a la entonces fiscal Girala para obtener imputaciones favorables en causas penales.
Fuente: ABC Color.
