En un hecho que ha generado indignación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) adjudicó un millonario contrato para proveer servicios de seguro médico privado a sus funcionarios permanentes. Esto ocurre en medio de constantes reclamos por parte de la ciudadanía debido a la falta de recursos e insumos en los hospitales públicos y el Instituto de Previsión Social (IPS).
Según los documentos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el contrato fue adjudicado a la empresa Protección Médica SA (Promed) por un monto mínimo de 19.200 millones de guaraníes y un monto máximo de 38.400 millones de guaraníes. La vigencia del mismo es de 24 meses a partir de su firma a finales de marzo.
El alcance del contrato cubre a los funcionarios permanentes del MAG, sus cónyuges e hijos hasta los 25 años, así como hijos con discapacidades mentales o físicas sin límite de edad. Según estimaciones, el costo rondaría alrededor de un millón de guaraníes mensuales por cada asegurado, abarcando a más de 1.700 beneficiarios.
Lea más: Gobierno realiza cambio de viceministro en cartera de Salud
Esta decisión del MAG, liderado por el ministro Carlos Giménez, ha desatado críticas y cuestionamientos sobre las prioridades en materia de salud pública. Mientras una parte de los funcionarios públicos gozará de servicios médicos privados de alto nivel, millones de paraguayos enfrentan obstáculos para acceder a una atención adecuada en los centros de salud estatales.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por esta adjudicación, argumentando que los recursos públicos deberían destinarse a mejorar la infraestructura y el equipamiento de los hospitales públicos, así como a garantizar un acceso igualitario a la salud para todos los ciudadanos.
Lea también: MEF: Licitación de seguro vip falla tras controversia y protestas
Mientras tanto, el MAG defiende su decisión alegando la importancia de brindar atención médica adecuada a sus funcionarios. Sin embargo, la polémica persiste, ya que muchos consideran que esta medida profundiza aún más la brecha en el acceso a la salud y desvía recursos que podrían destinarse a mejorar el sistema público de salud en beneficio de toda la población.
Fuente: ABC Color.
