Tras casi seis años de investigación, la Fiscalía finalmente acusó al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y a dos exfuncionarios por la presunta comisión del delito de lesión de confianza en el fracasado proyecto del Metrobús. Se les imputa haber desprotegido el patrimonio del Estado, lo que generó un perjuicio millonario de 25 millones de dólares.
En la acusación de 51 páginas presentada ante el juzgado, la fiscal María Estefanía González detalla ocho hechos que se le imputan a Jiménez Gaona, entre ellos, la falta de liberación de la franja de dominio, no obtener permisos de las municipalidades afectadas, iniciar la obra sin contar con el diseño final y no aplicar multas a la constructora portuguesa Mota Engil, contratista de la obra.
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Según la fiscalía, el exministro “vulneró y desprotegió el patrimonio del Estado paraguayo” al tolerar e incumplir las exigencias requeridas previo y durante la ejecución del Metrobús, lo que hizo inviable la culminación de los trabajos. Se destacó que licitó la obra sin formalizar acuerdos con las municipalidades de San Lorenzo y Asunción, transgrediendo la ley que aprobó los préstamos para financiar el proyecto.
Asimismo, se acusa a Jiménez Gaona de haber permitido el inicio de la construcción del tramo 3 sin liberar la franja de dominio, y de iniciar los trabajos en los tramos 2 y 3 sin contar con el diseño final de ingeniería, incumpliendo el contrato. Además, no aplicó multas por el retraso en la presentación del diseño ejecutivo, causando un menoscabo patrimonial.
Frentistas del fallido #Metrobus piden que se haga justicia
«Pido a fiscales y jueces que pongan mano dura, hubo mucho daño. Más de 2 mil desempleados. Más de 300 negocios cerrados. Gente que se fue del país, que eran patrones y se fueron a trabajar de cuidadores», expresa… pic.twitter.com/OWrl8WCnk6
— Telefuturo (@Telefuturo) April 13, 2024
Otros hechos imputados al extitular del MOPC incluyen la firma de un convenio modificatorio que aumentó el contrato con la fiscalizadora TYPSA en más de 5 millones de guaraníes, y la aprobación de un deficiente sistema de desagüe pluvial sin los estudios hidrológicos necesarios, ocasionando una afectación de más de 17 mil millones de guaraníes al Estado.
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La exviceministra de Finanzas del MOPC, Marta Regina Benítez Morínigo, y el exgerente de la obra, Guillermo Alcides Alcaraz, también fueron acusados como coautores. A Benítez se le responsabiliza, además, de firmar un convenio que aumentó el contrato con Mota Engil en más de 103 mil millones de guaraníes. Los tres exfuncionarios se exponen a penas de hasta 10 años de cárcel y multas.
Fuente: ABC Color.
