Una abierta defensa al expresidente Horacio Cartes habrían ejercido los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, revela la imputación por “filtraciones” de datos sensibles contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete. Prácticamente en todo el cuaderno de investigación existen más cuestionamientos al trabajo de Seprelad antes que esclarecer los datos sensibles contra el actual titular de la ANR.
Prácticamente ninguno de los datos sensibles recolectados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre el expresidente Cartes fue desvirtuado por los fiscales. Tampoco hay rastros de alguna desestimación o resultados de las denuncias penales sobre esos reportes financieros contra el líder de la ANR.
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Lo cierto es que el Ministerio Público se preocupó más por las “filtraciones” y de cuestionar a la entidad antilavado por realizar su trabajo, antes que esclarecer los informes. En la imputación no se logra desmentir, por ejemplo, el informe de inteligencia N° 10/2022 que indicaba que Cartes habría montado un supuesto esquema con redes de empresas, bancos y casas de cambio que registraban enormes volúmenes de dinero supuestamente proveniente del tráfico de cigarrillos.
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Los fiscales hacen referencia al pedido de la fiscala de Panamá, Lizzie Bonilla, a través de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG), en el marco de una investigación iniciada tras las publicaciones del Pandora Papers y en la cual se conoció una offshore de Cartes. Sin embargo, no hay rastros de que hayan solicitado informes a su colega panameña, pese a que Cartes fue denunciado en Paraguay por declaración falsa al no incluir su offshore en sus declaraciones juradas.
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La imputación también relata los pagos de 16 millones de guaraníes mensuales al exministro de Seprelad Óscar Boidanich, y las transferencias de 10.000 millones de guaraníes del Banco Basa al presidente Santiago Peña, según el informe de Seprelad. Los fiscales no desmienten los giros, pero dicen que Boidanich y Peña fueron incluidos en los informes a pesar de no ser investigados.
Sin embargo, tanto Boidanich como Peña serían considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP) durante el gobierno de Cartes, según el reglamento de identificación de PEP y las medidas de debida diligencia, elaborado en 2019 a partir de los estándares de Gafilat. Esto contradice el argumento de los fiscales sobre su inclusión en los informes.
Fuente: ABC Color.
