Sin celular. El ex jefe comunal sería nexo para el pago indebido (coimas) por constancias. Gentileza
En el marco de una investigación por supuestas coimas para la emisión de certificados de importación, el fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Anticorrupción, llevó a cabo dos allanamientos y una entrega vigilada. Los procedimientos se realizaron en la sede del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave) y en la vivienda del ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas.
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La investigación se inició tras denuncias de importadores que aseguraron haber pagado entre 10 y 13 millones de guaraníes a supuestos gestores para obtener las constancias necesarias para importar productos frutihortícolas. Estos permisos, que deberían tener un costo de apenas 17.000 guaraníes, les estaban siendo negados por algún motivo desconocido.
Según las pesquisas, el ex intendente Cárdenas sería quien facilitaba los contactos entre los gestores y los funcionarios públicos involucrados en el esquema. Los gestores actuaban en representación de los empleados estatales y realizaban los supuestos cobros indebidos.
Durante una entrega vigilada realizada en el estacionamiento del Mercado de Abasto de Asunción, se detuvo a Víctor Manuel Leiva Cardozo (42), quien fue encontrado con las evidencias del delito. Se incautaron su celular y una camioneta Nissan. Leiva Cardozo está siendo investigado por supuesto cohecho pasivo agravado.
En el allanamiento a la sede del Senave, se incautaron documentos que podrían ser relevantes para la investigación. Por otro lado, en la vivienda de Cárdenas, se secuestró su teléfono celular para someterlo a una pericia que busca confirmar o descartar sus vínculos con funcionarios públicos.
El fiscal Coronel señaló que Cárdenas sería un eslabón dentro de la cadena delictiva, ya que presuntamente facilitaba los contactos con los funcionarios involucrados. No se descarta que más personas estén implicadas en el caso.
Según datos oficiales, el costo de la Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi) es de solo 17.000 guaraníes. Durante la inspección, se abona una tasa de 31 guaraníes por cada kilo del producto y 570 guaraníes por cada caja etiquetada. Esto significa que el costo total por carga para acceder a la importación rondaría apenas los 2 millones de guaraníes, una cifra muy inferior a la que los importadores denunciaron haber pagado.
El fiscal busca reconstruir todo el proceso, desde la solicitud de la constancia hasta su emisión, para determinar las responsabilidades de los involucrados.
Cabe destacar que Roberto Cárdenas ya cuenta con antecedentes judiciales. Recientemente, quedó firme una condena de ocho años de prisión por causar un perjuicio de 859 millones de guaraníes en obras de instituciones educativas.
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Además, cumple prisión domiciliaria por una sentencia de dos años de cárcel por usurpación de funciones públicas. También se ordenó un nuevo juicio oral por la medición de la pena en una causa por un supuesto perjuicio de más de 7.000 millones de guaraníes relacionado con la mala utilización de fondos de royalties.
Fuente: Última Hora
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