Carlos Fernández Valdovinos. Foto: Presidencia de la República
Un fuerte rechazo se ha generado entre los sindicatos del Instituto de Previsión Social (IPS) ante el proyecto de ley de la carrera del Servicio Civil impulsado por el Gobierno, debido al temor de que se elimine la estabilidad y la antigüedad laboral para los funcionarios públicos.
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Los gremios del IPS realizaron una protesta el pasado martes en el Hospital Central, expresando su preocupación ante un eventual tratamiento exprés de la norma, cuya versión previa contemplaba la supresión de estos derechos laborales.
Cientos de trabajadores, incluyendo administrativos, médicos, enfermeros y otros empleados del IPS, se manifestaron en la explanada del hospital para rechazar el proyecto, advirtiendo que la versión a ser tratada podría ser similar a la anterior, que estipulaba la eliminación de la estabilidad y la antigüedad laboral.
Desde el Ejecutivo se argumenta que la iniciativa busca establecer reglas claras para el ingreso, ascenso y promoción en el sector público, con el objetivo de elevar su eficiencia y jerarquizar al funcionariado.
Sin embargo, los sindicatos salieron a la calle debido a que el Senado tiene previsto tratar este miércoles un proyecto para “reestructurar” el Estado, el cual no fue socializado lo suficiente y, al parecer, es la antesala para la reforma del servicio civil.
Uno de los principales cuestionamientos radica en el artículo 8, inciso d, que establece que todo acto en la función pública que implique una afectación fiscal, presupuestaria o financiera para el Estado estará supeditado a la disponibilidad presupuestaria y al cumplimiento de las reglas de responsabilidad fiscal y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Para los sindicatos del IPS, este artículo afecta la capacidad de los trabajadores para negociar colectivamente condiciones más favorables, limitando el gasto al 1,5% de déficit que permite la ley de Responsabilidad Fiscal.
Otro artículo criticado es el 15, que establece que, cumplido el periodo de prueba y hasta adquirir la estabilidad laboral (dos años), el funcionario público pasará al periodo de evaluación, en el cual deberá satisfacer requisitos no especificados para alcanzar la estabilidad. Además, de no pasar la prueba, la desvinculación sería considerada de justa causa y no generaría indemnización.
Asimismo, los gremios señalan que el artículo 21 viola varios puntos de la Constitución, ya que los resultados de la evaluación de desempeño servirán para tomar decisiones sobre ascensos, promociones, movilidad interna, capacitación, estímulos no monetarios, renovación contractual y desvinculaciones.
Sin embargo, al no ser específicos los parámetros de evaluación, los sindicatos advierten que podrían darse arbitrariedades y que la decisión siempre será favorable al Estado como entidad patronal.
El Gobierno había admitido que la ley del Servicio Civil era una exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de un acuerdo de financiamiento.
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Ante la escalada de tensiones y las manifestaciones de rechazo, el Ejecutivo deberá analizar cuidadosamente las objeciones de los sindicatos y buscar un equilibrio entre la modernización del servicio público y la protección de los derechos laborales adquiridos.
Fuente: LPO
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