Alberto Fernández durante la cumbre del G7 en Alemania, en junio de 2022. POOL (REUTERS)
La Justicia argentina avanza en la investigación del denominado “escándalo de los seguros” y ha tomado medidas cautelares contra el expresidente Alberto Fernández, líder del peronismo. El juez federal Julián Ercolini ordenó congelar los bienes del exmandatario y levantar el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas.
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La decisión judicial busca rastrear posibles pistas que confirmen o desmientan si Fernández violó sus deberes como funcionario público en la contratación de pólizas de seguros estatales durante su gestión (2019-2023).
La causa investiga supuestas irregularidades cometidas a partir de un decreto presidencial de Fernández de finales de 2021, que obligaba a la Administración nacional a contratar pólizas a través de Nación Seguros, de capitales públicos. Se sospecha que este decreto habilitó la contratación de intermediarios que percibieron comisiones millonarias por encima del valor de mercado.
Fernández es investigado por su vínculo de amistad con uno de los intermediarios de seguros involucrados, Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria María Marta Cantero. El expresidente insiste en su inocencia y denuncia una “operación de un grupo de medios” en su contra.
La medida judicial impide que Fernández pueda vender o disponer de sus bienes, y también le veta el acceso a sus cajas de seguridad. El objetivo es poder ejecutar sus activos ante una eventual pena o demanda civil, o un posible decomiso de ganancias ilícitas.
Según una auditoría, los intermediarios que más comisiones recibieron desde 2020 fueron Bachellier, Héctor Martínez Sosa y Compañía, Castello Mercuri, San Ignacio y TG Broker, acumulando más del 80% del total.
El juez Ercolini solicitó las declaraciones juradas anuales integrales de Fernández, Cantero y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, desde 2009 hasta la fecha.
El escándalo de los seguros es investigado en dos causas simultáneas, una iniciada por una denuncia de una abogada, y otra presentada por el Gobierno para denunciar supuestas irregularidades en los seguros contratados para jubilados.
Fuente: El País
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