Según un informe de la Superintendencia de la Corte, se han encontrado 195 expedientes relacionados a personas que habrían sido despojadas de sus vehículos de manera irregular.
La fiscala Lourdes Bobadilla, a cargo del caso, confirmó que continúan encontrando más expedientes sobre presuntas víctimas a las que les habrían secuestrado sus vehículos mediante un esquema que implicaba al Juzgado de Paz de Chaco’i y a concesionarias. Hasta el momento, se han identificado 195 expedientes, y se evaluará si esta cifra corresponde al mismo número de víctimas.
Desde el año 2018, cientos de personas denunciaron haber perdido sus automóviles luego de que les fueran secuestrados tan solo por atrasarse en el pago de una cuota. Estas denuncias señalaban a la playa de autos Steven Automotores y al mencionado Juzgado de Chaco’i como los principales involucrados en el esquema.
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Recientemente, se realizó un nuevo allanamiento en la sede judicial, donde se encontraron más papeles relacionados no solo con la concesionaria de Steven Bareiro, presunto líder del esquema, sino también con otras playas que al parecer operaban en connivencia con el juez de paz Jorge Franco Garelik, quien ya se encuentra imputado y en prisión.
La fiscala Bobadilla destacó que llamó la atención la cantidad de juicios ejecutivos por incumplimiento de pago registrados en el cuaderno de entrada del Juzgado allanado, lo que evidenciaría las demandas interpuestas por las concesionarias. Además, se sospecha que varios expedientes fueron destruidos, ya que hay víctimas cuyos casos no se encontraron, e incluso existen testimonios de que presuntamente se quemaban documentos en el patio trasero del Juzgado.
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En cuanto a las víctimas, alrededor de 40 personas han declarado ante el Ministerio Público, y se prevé citar al resto de los afectados. La Fiscalía también solicitó copias de causas relacionadas repartidas en todo el país, tanto contra los dueños de las playas de autos como contra el juez involucrado. El caso sigue sumando irregularidades, como el borrado de datos de computadoras incautadas y la desaparición de resoluciones, según el informe de la Superintendencia de la Corte.
Fuente: Última Hora.
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